Por Miguel Ferreyra Sánchez
Las Mypes vienen sufriendo los efectos negativos generados, tanto de la pandemia ocasionada por el Covid-19 como de la informalidad en la que desarrollan sus actividades. Es decir, en el ámbito formal de las Mypes constituidas, el problema que las aqueja es un descenso de la demanda de sus productos o servicios, debido a las restricciones sanitarias establecidas por el Gobierno y, asimismo, al clima político que ha motivado cambios en la paridad cambiaria e incertidumbre para las inversiones. Todo ello, desde luego, ha incidido negativamente en el mercado interno y las relaciones con el mercado externo con la consecuente inestabilidad de la balanza comercial.
Una de las principales consecuencias, de gran preocupación por su incidencia social, es la afectación del mercado laboral. Como se puede apreciar en el cuadro 1, el 75.3% de los trabajadores, en el Perú, son informales.
CUADRO 1
Pero ello resulta aún más significativo si, como se aprecia en el Cuadro 2, para el caso de las Mypes, el 91.1% de los trabajadores de las empresas de hasta 10 trabajadores se mueve en el mundo de la informalidad.
CUADRO 2
Y ello es más preocupante porque, según el tamaño de empresa, el proceso de formalización no excede el 29.7%.
CUADRO 3
Esta ausencia de posibilidades laborales y de formalización para las Mypes no es favorecida por la legislación actual.
En lo referente al emprendimiento y el proceso de las etapas de formalización —y a pesar de los esfuerzos desplegados por SUNAT, para la obtención del RUC virtual para persona natural y/ o persona jurídica, así como por el Ministerio de la Producción y por las instituciones involucradas en dicho proceso— lamentablemente sus alcances y sus esfuerzos han sido percibidos por los emprendedores como mecanismos que son única y exclusivamente de recaudación, y no de beneficios económicos o servicios que impulsen políticas de incentivos de formalización y acceso al crédito con el fin de brindarles una oportunidad de desarrollo en sus emprendimientos, conforme se desprende de los cuadros N° 4 y cuadro N° 5 que podemos apreciar.
CUADRO N° 4
CUADRO N° 5
Esta situación de informalidad se traslada al mundo político donde 10 organizaciones partidarias con representación en el parlamento, uno de gobierno; Perú Libre, otros aliados, de oposición; y de extrema oposición, como son Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú, Somos Perú, Partido Morado, Juntos por el Perú, recibirán S/77´980,016.40 en calidad de financiamiento público directo durante el tiempo que estén representados en el Congreso de la República.
El Organismo electoral aprobó, mediante Resolución Jefatural N° 001690, las cantidades calculadas para todo el quinquenio 2021 -2026 y para el primer desembolso S/6´714,945.87 correspondiente al periodo que va del 27 de Julio al 31 de diciembre del 202, conforme se desprende del cuadro N° 6 que podemos apreciar.
CUADRO N° 6
La Ley N° 28094 y su Reglamento, obliga a la ONPE supervisar periódicamente a dichos partidos políticos.
Ante la convulsión política y social vivida en estos meses de gobierno, las evidencias muestran la ausencia de posibilidades de impulsar las grandes reformas políticas, sociales y económicas que requiere nuestro país, como cuando el congreso apoya la legalización masiva de los taxis colectivos, el cese del control militar y policial en zonas cocaleras, la pasividad con el control de la minería ilegal en vías fluviales, la presencia de candidatos de sectores informales vinculados a la corrupción y al crimen organizado para las municipalidades y gobiernos regionales, ello permite pensar que hemos pasado de la Informalidad Económica a la Informalidad Política, vulnerando la defensa y el desarrollo nacional.
(*) Abogado
