El insigne tacneño, don Jorge Basadre Grohmann, señalaba con mucha certeza que el gran peligro de la democracia peruana lo constituían los podridos, los incendiarios y los congelados. Sin duda, estos permanecen como tales, hasta nuestros días.
A los podridos los vemos diariamente cuando los medios de comunicación revelan actos de corrupción por doquier; los incendiarios bloquean carreteras, prenden fuego a los pastizales; y los congelados ahora son los defensores de la supuesta “estabilidad”, que se conforman con un Gobierno a todas luces inepto, con muchísimas sospechas de corrupción y que, aliado con el desprestigiado Congreso, continuará gobernando hasta el 2026 con graves perjuicios al país.
Además de estos grandes peligros que, dicho sea de paso, no son todos, existen otros como la informalidad, la tramitomanía y las sobrerregulaciones que amenazan nuestra democracia y futuro económico.
La informalidad es esa relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional que opera fuera de los marcos legales y normativos del Estado. Además, no paga impuestos ni se somete a las reglas de funcionamiento de las que disponen los organismos del Estado. Actualmente, se calcula que los informales alcanzan el 75 % de la economía y que su tendencia es crecer aún más. Este fenómeno impide que se aumente la recaudación tributaria y los gobiernos Nacional, Regional y Local cuenten con mayor presupuesto. No hay duda de que es un gravísimo problema que debemos resolver con imaginación, criterio y sentido común.
Mientras tanto, la tramitomanía existente es un obstáculo para la formalización y es producto del trabajo ineficiente y burocrático en todos los niveles de Gobierno. Estos burócratas son especialistas en crear mayor cantidad de trámites y, normalmente, los traducen en sus volumétricos Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) y otros más que le hacen la vida a cuadritos a los empresarios que conducen las Micro, Medianas y Grandes Empresas, particularmente a las primeras que, dicho sea de paso, constituyen más del 95 % de todas las empresas a nivel país y, al no poder cumplir con estos trámites, prefieren ser informales y si ya son formales, tratan de dejar la formalidad.
Por otro lado, las sobrerregulaciones son otras de las obras de la burocracia estatal que diariamente sólo se preocupan por hacer más difíciles las cosas, ya que para ellos representa más poder, ser más importantes en los procesos y hasta pretenden hacerse indispensables. Estas sobrerregulaciones constituyen el principal obstáculo para las empresas en todos los sectores productivos, particularmente y muchas veces, hacen participar en ellas a otros organismos del Estado para hacerlo aún más difícil.
Ya es hora de que combatamos estos tres peligros de manera frontal buscando la simplicidad administrativa, echando al tacho esos volumétricos Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y hacer disposiciones más simples, donde la administración tenga plazos perentorios y reine el silencio positivo. Además, debemos implementar, con inmediatez, muchísimos más Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) donde los trámites dentro del Estado sean concentrados.
Finalmente, debemos priorizar la solución de la informalidad. Para ello, se hace indispensable combatir la tramitomanía, la sobrerregulación y disminuir la burocracia producto del clientelismo político.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
