El Estado peruano ha crecido desmesuradamente, en los últimos tiempos, producto de malas decisiones de algunos de nuestros gobernantes, quienes creen en un país elefantiásico, gigante, generador de puestos de trabajo; así como que debe ser el principal administrador de todos los bienes y servicios para satisfacer, directamente, las necesidades de todos y principalmente de los más vulnerables.
No hay duda que detrás de estas políticas interesadas pueden haber, en algunos casos, buenas intenciones. Sin embargo, no consideran para nada la experiencia que los peruanos hemos vivido en el pasado, cuando gobiernos populistas, con esta fórmula, nos llevaron casi a la bancarrota y le costaron al Perú miles de millones de soles ‘desmantelar’ la inmensa cantidad de empleados públicos que generaron onerosas bonificaciones por despidos arbitrarios. Casos emblemáticos fueron todas las empresas estatales como: Minero Perú, Petroperú, AeroPerú, etc.
El Estado peruano cuenta con 18 ministerios y muchísimos organismos públicos adscritos a estos, cuyas carteras tienen grandes cantidades de servidores públicos que generan una elevada carga presupuestal y que debe ser racionalmente reducida con el menor costo social posible, para darle una mayor operatividad a estos entes. Hay ministerios que pueden unirse sin perjuicio alguno a su buen funcionamiento y permitiría disminuir su burocracia, pero paralelamente a ello, deben eliminarse las sobrerregulaciones y la tramitomanía que se exige, hoy en día, ante cualquier gestión en esas entidades.
Si quisiéramos hacer un ensayo sobre qué ministerios deberían integrarse, podríamos sugerir las siguientes fusiones: Ministerio de Cultura a Educación; Producción, Agricultura y Trabajo a un gran Ministerio de la Producción; Justica a Interior; Mincetur a Relaciones Exteriores; Mujer y Poblaciones Vulnerables a Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), los Ministerios de Vivienda y Transportes y Comunicaciones a un Ministerio de Infraestructura; etc. El objetivo sería contar como máximo con diez ministerios y una Presidencia del Consejo de Ministros.
Es necesario precisar, también, que debemos acompañar a este proceso con una evaluación general de los servidores públicos para ver quiénes integrarán los nuevos ministerios y a quiénes, de acuerdo a sus capacidades, reasignar a otros organismos. Los empleados que no aprueben esta prueba de rendimiento deben ser indemnizados adecuadamente para no tener un costo social elevado.
Finalmente, debemos anotar que cualquier intento de racionalización debe incluir necesariamente un proceso similar en los gobiernos regionales y locales, tanto provinciales como distritales, que, gracias al clientelismo político, albergan una inmensa cantidad de burócratas inútiles, cuyas remuneraciones (gasto corriente) en estas instituciones superan largamente al presupuesto para inversiones. No podemos obviar que estos montos de los gobiernos regionales y locales representan el 45 % del Presupuesto General de la República.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
