El actual Gobierno de Transición y Reconciliación Nacional debe tener presente tareas imprescindibles como la seguridad ciudadana, el presupuesto para el 2026, que deberá presentar al Congreso, y las condiciones para un proceso electoral limpio, seguro y transparente, así como limpiar la Administración Pública de burócratas, producto del clientelismo político, de las dos administraciones del gobierno de Perú Libre.

En lo relacionado a la seguridad ciudadana, si bien es cierto su tiempo de mandato es limitado deberá enfrentar en prioridad a extorsionadores y sicarios y para ello deberá constituir en el más breve plazo equipos de acción integrada por policías, militares, fiscales, jueces e integrantes del sistema penitenciario, quienes de manera conjunta deberán identificar, detener, acusar, sentenciar y poner tras las rejas, de manera sumaria, a extorsionadores y sicarios -claro está, respetando los derechos humanos-; complementariamente deberá solicitar al Congreso las leyes necesarias para la constitución y operación de estos equipos especiales de acciones conjuntas.

De aquí a abril de 2026 se deberá apoyar a la ONPE y el JNE facilitándoles los recursos para la conducción del proceso electoral y con acciones imparciales, equilibradas y transparentes crear un clima de tranquilidad y seguridad para llevar las elecciones generales a buen puerto.

Antes de fin de año, el Ejecutivo deberá presentar ante el Parlamento el Presupuesto General de la República del año 2026 para su aprobación. Es necesario recalcar que es tarea del Ejecutivo proponer un presupuesto equilibrado con estricta obediencia de la política fiscal y condiciones macroeconómicas que comulguen con los dictados del Banco Central de Reserva para la política monetaria y control de la inflación. Para ello, deberán de, manera irreductible, oponerse a los gastos populistas que propiciarán los partidos políticos a través de sus bancadas.

Sin embargo, es alarmante conocer que cada año el Perú perderá S/ 35.000 millones con leyes de este Congreso, según el Consejo Fiscal. El organismo ha revelado que el Legislativo ha promulgado 229 leyes con impacto fiscal negativo a las finanzas estatales.

Por otro lado, durante las dos gestiones de Perú Libre, tanto el gobierno de Castillo como el de Boluarte, se ha hecho uso y abuso del clientelismo político, dedicándose a sacar talentos de la Administración Publica y reemplazarlos por personajes ineptos provenientes de sus cuadros dentro del partido del lápiz.

Este gobierno de transición deberá alejarse de aquellas buenas intenciones de realizar reformas de las Instituciones del Estado, porque debe entender que su tiempo disponible es corto para esos ingentes quehaceres que quedarán pendientes para el nuevo presidente que elijamos en abril de 2026.

No podemos dejar de mencionar que además de las reformas en la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Sistema Penitenciario están las inmensas necesidades no satisfechas en infraestructura de soporte; igual que los sectores de Educación y Salud, cuyas tareas son fundamentales para cualquier Estado. Aunque, por su naturaleza, son de corto, mediano y  largo plazos.

Finalmente, debemos analizar los planes de gobierno de los diferentes partidos políticos para las elecciones de 2026. Así como, conocer quiénes serán los encargados de su ejecución.

Por respeto al país y a los peruanos es necesario que los electores estén informados para emitir un voto responsable. Solo así se evalúan la viabilidad de las promesas, se confronta posturas y prioridades, se fortalece la democracia, y se anticipa el futuro del Perú.

(*) Expresidente del Consejo de Ministros