Constitucionalmente, Perú está organizado según el principio de la separación de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los tres son autónomos e independientes. Sin embargo, en los últimos tiempos, existe una serie de invasiones de competencias que el mismísimo Tribunal Constitucional (TC) ha tenido que intervenir para dilucidar las interrogantes al respecto, aunque no siempre ha satisfecho a los intervinientes, ya que sus fallos denotan sospechas de parcialidad por posiciones ideológicas, a veces “reñidas” con nuestra Carta Magna.
Siendo el TC la ultima instancia en las interpretaciones constitucionales nos preocupa de sobremanera algunas de sus sentencias. Muchas de las mismas han estado cargadas de ideas y favoritismo al gobernante de turno. Para citar un caso, tenemos el de la denegación fáctica de la cuestión de confianza que felizmente fue revertida por otro colegiado al asumir funciones y poner las cosas en su sitio.
Es oportuno mencionar que la semana pasada, al tratar un tema de competencia entre los poderes Legislativo y Judicial, los actuales integrantes del máximo organismo constitucional trataron de sacar una sentencia con 4 votos cuando las normas todavía consideran 5 y solo votaron 4 de los siete magistrados que lo componen. Estos hechos nos muestran que el Tribunal Constitucional que tiene nuestro país para aclarar la Constitución está dejando severísimas dudas de su imparcialidad y comportamiento ante situaciones delicadas al más alto nivel del Estado.
Es necesario destacar que si bien es cierto existen diferencias que se están tratando en el TC también hay continuos roces y controversias entre los poderes como por ejemplo en las posiciones del Ejecutivo y el Judicial (Ministerio Publico) respecto a la iniciación y conducción de las investigaciones de los delitos, cuyo artículo 159 de la Carta Fundamental es clarísimo y le da esa responsabilidad al Ministerio Publico y no a la Policía Nacional del Perú (PNP), como señala el Mininter. Para no quedarse fuera de los reflectores, el Legislativo interviene y saca una ley inconstitucional que otorga dichas facultades a la PNP, este hecho ha provocado una respuesta inmediata de la Fiscalía señalando que no respetará dicha norma. Es decir, el estado peruano es un desmadre donde sus poderes, al más alto nivel, dan un pésimo ejemplo de un Estado de derecho y de Institucionalidad democrática.
Ante esta situación, considero que nuestra Constitución debe adoptar la figura del Consejo de Estado, un ente supremo consultivo que se constituiría en el organismo mediador y conciliador entre los poderes del Estado que solucione de manera democrática y consensuada estas disputas que le hacen muchísimo daño a nuestra Institucionalidad. Por ello, se hace urgente y mandatorio que el Congreso, una Constituyente en ejercicio, en dos legislaturas ordinarias y con los votos necesarios establezca constitucionalmente el Consejo de Estado con miembros con voz y voto, así como miembros accesitarios con voz, pero sin voto, que juzguen necesarios, para definir estas diferencias sustanciales que afectan nuestra vida republicana.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
