Ricardo Sánchez Serra
Una crisis que solo puede entenderse analizando los hechos y no los prejuicios
En América Latina, y particularmente en el Perú, la reciente crisis migratoria registrada en Ceuta ha llegado acompañada de una narrativa predominantemente construida desde una sola orilla del Mediterráneo. Titulares impactantes, declaraciones políticas y análisis apresurados han terminado ofreciendo una visión parcial de unos acontecimientos mucho más complejos. Este artículo no pretende defender la posición de ninguna de las partes, sino aproximarse objetivamente a los hechos a partir de la información oficial difundida tanto por las autoridades españolas como por las marroquíes, para que el lector pueda comprender el verdadero alcance de una crisis que trasciende el fenómeno migratorio.
Lo ocurrido en Ceuta demuestra que la inmigración irregular ya no puede entenderse únicamente como un problema de vigilancia fronteriza. Detrás de cada embarcación que intenta alcanzar territorio europeo confluyen decisiones judiciales, políticas migratorias, organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas, cooperación internacional y estrategias de desarrollo económico. Reducir esta realidad a un simple enfrentamiento entre Marruecos y España supone ignorar la complejidad del problema.
Los hechos conocidos permiten reconstruir una secuencia que ayuda a comprender lo sucedido. El 8 de julio, un juez español dictó una resolución que modificó el tratamiento de determinados inmigrantes llegados por vía marítima, limitando la posibilidad de su devolución inmediata. A partir de ese momento surgió un intenso debate sobre el impacto que esa decisión podía tener en la capacidad disuasoria del sistema de control migratorio. Posteriormente se produjo un incremento de los intentos de ingreso irregular hacia Ceuta, circunstancia que abrió una controversia sobre las causas y las responsabilidades de lo ocurrido.
A ello se suma otro elemento poco divulgado fuera de Europa. Según diversos medios españoles, los servicios de inteligencia habían advertido al Gobierno de Madrid sobre un inusual movimiento en redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Facebook y TikTok, donde circulaban mensajes alentando una movilización masiva hacia Ceuta. Esas informaciones señalaban que la geolocalización de buena parte de esos contenidos remitía a servidores o emisores ubicados en Argelia, Túnez, España y Francia. De confirmarse plenamente ese escenario, quedaría en evidencia que las redes de tráfico de personas utilizan sofisticadas campañas digitales para incentivar la inmigración clandestina, aprovechando cualquier cambio en el contexto jurídico o político.
La tesis expuesta por las autoridades marroquíes es que la resolución judicial alteró el equilibrio del modelo de control fronterizo vigente hasta entonces. Según Rabat, el efecto disuasorio disminuyó y las organizaciones dedicadas al tráfico de personas aprovecharon rápidamente el nuevo escenario para incentivar las salidas clandestinas. Esta explicación resulta coherente con el comportamiento habitual de estas mafias, que adaptan sus métodos tan pronto perciben modificaciones en las normas o mayores posibilidades de permanencia de los migrantes en territorio europeo.
No obstante, el debate trasciende el ámbito jurídico. La cuestión de fondo consiste en determinar cómo debe gestionarse la frontera sur de Europa y cuál es el reparto de responsabilidades entre la Unión Europea y Marruecos.
Durante los últimos años, Marruecos ha desempeñado un papel determinante en el control de la ruta occidental del Mediterráneo. Las cifras oficiales muestran la magnitud del esfuerzo: más de 360.000 intentos de inmigración clandestina frustrados en los últimos cinco años, cerca de 160.000 entre 2024 y 2025, 632 redes de tráfico de personas desmanteladas y más de 32.000 operaciones de rescate en el mar. Estos datos, que no han sido desmentidos oficialmente, ayudan a comprender por qué esa ruta ha permanecido relativamente más estable que otras vías de acceso a Europa.
Precisamente por ello, una de las expresiones que mayor repercusión ha tenido fue la pronunciada por una fuente gubernamental marroquí al afirmar que su país «no es ni el gendarme ni el conserje de Europa». Más allá de la contundencia de la frase, el mensaje político es que la gestión migratoria constituye una responsabilidad compartida y no una carga que pueda recaer exclusivamente sobre un solo Estado.
Otro aspecto poco difundido en nuestra región es que las autoridades marroquíes sostienen que la respuesta al fenómeno migratorio no puede limitarse al componente policial o militar. Consideran que el desarrollo económico constituye el instrumento más eficaz para reducir la emigración irregular. En los últimos veinticinco años, Marruecos ha experimentado una profunda transformación económica e institucional. Pese a los desafíos sociales que aún enfrenta, es hoy el único país árabe que, careciendo de importantes reservas de petróleo y gas, ha logrado diversificar sustancialmente su economía, consolidándose como una de las principales referencias de estabilidad, inversión y crecimiento en el norte de África.
En ese contexto, Rabat sostiene que las importantes inversiones impulsadas por el rey Mohammed VI, especialmente en las provincias del norte, han permitido crear cientos de miles de empleos, desarrollar grandes infraestructuras y ofrecer mayores oportunidades a la población. Incluso afirma que un elevado número de personas que alcanzaron Ceuta decidió regresar voluntariamente tras comprobar que la realidad europea difería de las expectativas que les habían transmitido las redes de tráfico.
La crisis deja además una reflexión de carácter estratégico. Mientras la Unión Europea solicita a Marruecos un mayor control de los flujos migratorios, más desarrollo sostenible, mayor inclusión social y una cooperación cada vez más intensa en materia de seguridad, desde Rabat se sostiene que, paralelamente, se adoptan decisiones comerciales y regulatorias que afectan negativamente sectores considerados estratégicos para su crecimiento, como los puertos, la industria automotriz, las finanzas, los servicios, el transporte y el offshoring. Desde esa perspectiva, resulta difícil exigir un mayor esfuerzo en materia migratoria si, al mismo tiempo, se generan obstáculos que, de acuerdo a Marruecos, limitan su capacidad de desarrollo económico y creación de empleo.
En definitiva, la crisis de Ceuta no debería analizarse únicamente desde la emoción del momento ni desde posiciones ideológicas preconcebidas. Los hechos muestran que se trata de un fenómeno extraordinariamente complejo, en el que convergen el derecho, la seguridad, la diplomacia, la economía y el desarrollo. La mayor enseñanza que deja esta situación es que la inmigración irregular no admite soluciones unilaterales. Cuando la coordinación entre los Estados se debilita o las reglas cambian sin una adecuada articulación entre los socios, quienes primero aprovechan ese vacío son las organizaciones criminales que trafican con seres humanos.
Más allá de las diferencias políticas o diplomáticas, una conclusión parece difícil de discutir: la estabilidad de la frontera occidental del Mediterráneo depende de una cooperación sincera, equilibrada y basada en la corresponsabilidad. Solo desde esa perspectiva será posible afrontar uno de los mayores desafíos que hoy comparten África y Europa.
