En Colombia, la ingratitud se ha institucionalizado. El país que fue rescatado del abismo por Álvaro Uribe Vélez hoy pretende sepultarlo bajo una sentencia que no busca justicia, sino revancha. La condena judicial contra el expresidente no es un acto jurídico: es una operación política para borrar su legado, deslegitimar su obra y vengarse de quien tuvo el coraje de enfrentar al terrorismo con firmeza democrática.

Uribe gobernó entre 2002 y 2010, y bajo su liderazgo Colombia vivió uno de los periodos más estables y prósperos de su historia reciente. La seguridad democrática permitió recuperar territorios tomados por las FARC, reducir drásticamente los secuestros, y devolver a los ciudadanos la confianza en el Estado. Como él mismo dijo: “La seguridad no es de derecha ni de izquierda, es un valor democrático.”

Durante su mandato, Álvaro Uribe logró la desmovilización de más de 30.000 paramilitares, redujo la tasa de homicidios en más del 40 %, fortaleció la inversión extranjera directa, impulsó la cobertura educativa y el acceso a la salud, modernizó la infraestructura vial y energética, y promovió la cohesión social a través de programas emblemáticos como Familias en Acción. Fue una gestión que transformó el miedo en esperanza y el caos en institucionalidad.

Uribe no fue un caudillo: fue un estadista. Su estilo directo, austero y cercano al pueblo contrastó con la retórica vacía de quienes hoy lo acusan. La izquierda radical nunca le perdonará haber desmontado su narrativa victimista, ni haber demostrado que la paz no se construye con impunidad, sino con autoridad legítima y justicia real.

La sentencia que hoy lo persigue no se basa en pruebas concluyentes, sino en presunciones, testimonios manipulados y una atmósfera de linchamiento mediático. Como advirtió el jurista argentino Carlos Nino: “La justicia que se politiza deja de ser justicia.” Y en Colombia, la judicialización del adversario se ha convertido en método de exterminio político.

Uribe no es perfecto, pero es un símbolo. Representa la Colombia que se levantó, que enfrentó el miedo, que apostó por el orden sin renunciar a la libertad. Pretender destruirlo es destruir esa memoria. Es decirle a los futuros líderes que el coraje se paga con cárcel, que la firmeza se castiga, que el heroísmo se convierte en delito.

Álvaro Uribe no sólo fue un gran presidente: fue un demócrata ejemplar. Gobernó con respeto al Estado de Derecho, fortaleció las instituciones y jamás suspendió las libertades civiles, incluso en los momentos más críticos del conflicto armado. Su compromiso con la democracia fue reconocido internacionalmente, y su liderazgo inspiró a otros países de la región. Recientemente, el actual secretario de estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su profunda preocupación por la judicialización política de Uribe, señalando que “la democracia colombiana no puede permitirse convertir la justicia en herramienta de persecución.” Su voz se suma a la de muchos que ven en este proceso no una búsqueda de verdad, sino un intento de borrar al hombre que enfrentó el terror con firmeza y gobernó con principios.

La historia juzgará con más altura que los tribunales ideologizados. Como dijo Winston Churchill: “Los pueblos que olvidan a sus héroes están condenados a repetir sus tragedias.” Colombia no puede permitirse ese olvido. Uribe merece respeto, no persecución. Merece memoria, no venganza. Merece justicia, no ajuste de cuentas. Porque cuando una nación condena a sus defensores, lo que está en juego no es sólo un nombre: es su propia dignidad.

Cuando la justicia se convierte en arma política, la democracia se convierte en rehén. Álvaro Uribe fue un líder firme, legítimo y profundamente democrático. Si hoy se pretende borrar su legado bajo el disfraz de procesos judiciales, no es él quien está en peligro: es la credibilidad de todo un sistema. Y frente a eso, el silencio no es neutralidad: es complicidad.

(*) Premio Mundial de Periodismo “Visión Honesta 2023”