Ricardo Sánchez Serra
La pandemia del covid-19 nos puso al límite en muchos aspectos. Exacerbó el individualismo, nos hizo pensar solo en el disfrute de hoy sin pensar en las consecuencias y con ello también generó personas con gran resistencia al cumplimiento de normas. Cada uno pretende ahora imponer sus creencias y derechos por encima de otros, generando, inclusive, el incumplimiento de obligaciones y leyes que permiten un funcionamiento armónico como sociedad.
Para regocijo de la prensa, en Miraflores se vive claramente esta especie de colisión de derechos, entre vecinos y visitantes, y entre los propios residentes. Evidentemente, lo negativo jala la atención de los medios. Hasta aquí todo normal. Sin embargo, en estos últimos meses observo un cargamontón contra la gestión del actual alcalde, que parece tiene que ver más con posiciones personales que con la defensa de los derechos de los ciudadanos.
Hace unas semanas, en el programa Al Estilo Juliana, pusieron un titular para alarmar a cualquiera: vecinos miraflorinos denuncian acoso de los fiscalizadores. A continuación, la conductora hizo afirmaciones con gran carga política: es sabido por todos que el alcalde Carlos Canales “ha convertido el distrito en una especie de chacra personal”. “Es tanta la indignación de los vecinos que están pidiendo la vacancia”, agrega luego.
El informe suena de terror. No obstante, en él, se omite adrede o no, un aspecto vital: días antes de la emisión de la nota, dos de las “víctimas” del alcalde habían sido denunciadas por vecinos del parque Grau por no mantener con correa a sus perros y soltarlos temerariamente. Esto generó la imposición de una multa por parte del fiscalizador, quien, además, fue insultado por hacer cumplir una norma de convivencia tan básica. ¿Es acoso que no te dejen imponer tus “derechos” por encima del de otros vecinos?
Algo más. Antes de emitirse el informe, el programa denuncia “reglaje” al reportero. Afirmación irresponsable pues el periodista desconoce que el artículo 240 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que el fiscalizador, entre otras labores, puede realizar grabaciones de las diligencias en las que participe. El propio Ministerio Público, al ser consultado en su momento por este procedimiento, señaló que este aspecto de la fiscalización no se puede considerar acoso.
¿Casualidad? En otro canal, se criticó a Canales por no dejar bailar a unas mujeres con instructor contratado en el parque Itzhak Rabin. Pero no se informó que existe una ordenanza que establece cuáles son los espacios públicos para estas actividades. Mucho menos se advirtió que el acompañante de una de las bailarinas arranchó el celular de un fiscalizador que estaba grabando la diligencia. El sujeto ya fue denunciado. El aprovechamiento político no faltó y los interesados en vacar al alcalde, muchos de ellos simpatizantes de quienes perdieron la elección miraflorina anterior, organizaron un bailetón contra él.
Y eso no es todo. Semanas atrás, los detractores de Canales difundieron una “denuncia” en chats vecinales que advertía de extorsión a emprendedores formales de la Av. Larco. Con entendible indignación, la Federación de Comerciantes de Vía Pública de Miraflores desmintió la noticia falsa que generó alarma en los vecinos perjudicando sus ventas, en especial, ad portas de las fiestas navideñas.
¿Complot contra Canales? Medios ideologizados, plan de vacancia, malos perdedores y hasta nostálgicos de la gestión anterior… Un cóctel perfecto que empieza a configurar un escenario que parece estar más interesado en cualquier otro fin menos en lo que desea verdaderamente el vecino de Miraflores.
El alcalde Canales realiza un buen trabajo poniendo orden y en hacer cumplir las normas. No merece el maltrato mediático, ni de vecinos con interés personales.
