Pocas veces un país puede darse el lujo de dejar esperando durante diez años a uno de sus socios estratégicos más importantes. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre con el Acuerdo de Profundización Económico-Comercial entre el Perú y Brasil, firmado en Lima en abril de 2016 y aún pendiente de ratificación por parte del Estado peruano.

La situación resulta difícil de comprender. Brasil cumplió con su parte del proceso hace nueve años, cuando su Congreso aprobó el acuerdo en marzo de 2017. Desde entonces, el instrumento permanece inmovilizado en la burocracia peruana, sin que siquiera haya sido remitido al Congreso de la República para su evaluación.

La pregunta es inevitable: ¿existe en el mundo otro acuerdo comercial bilateral que permanezca una década esperando únicamente la decisión de una de las partes? Si no constituye un récord, ciertamente se le aproxima.

Brasil no es cualquier socio

La demora sería preocupante con cualquier país, pero resulta aún más grave cuando se trata de Brasil.

Brasil es la mayor economía de América Latina, miembro del G-20, y del BRICS, una potencia industrial, agrícola, energética y tecnológica. Es además un vecino con el que compartimos más de 2.800 kilómetros de frontera amazónica y con el que estamos llamados a construir una verdadera integración física, económica y humana.

Para el Perú, Brasil representa una inmensa oportunidad de exportación, inversión y cooperación. Para Brasil, el Perú constituye una puerta natural hacia el océano Pacífico y hacia los mercados asiáticos.

No estamos hablando simplemente de comercio. Estamos hablando de integración estratégica sudamericana.

Por ello, mantener paralizado durante diez años un acuerdo cuidadosamente negociado por ambos países transmite una señal equivocada y genera una percepción de falta de prioridad respecto a una relación bilateral que debería ocupar un lugar central en nuestra política exterior.

A diferencia del Acuerdo de Complementación Económica N.º 58 entre el Mercosur y el Perú, vigente desde 2006 y centrado principalmente en el comercio de bienes, este nuevo acuerdo amplía significativamente la relación bilateral.

El acuerdo va mucho más allá del intercambio comercial. Regula aspectos esenciales para una economía moderna, como las inversiones, el comercio de servicios, las compras gubernamentales, la transparencia, la cooperación institucional y los mecanismos de solución de controversias. Además, incorpora herramientas para prevenir la corrupción, combatir el lavado de activos y garantizar la integridad en la contratación pública. Se trata, por tanto, de un instrumento que ofrece reglas claras y previsibles para los inversionistas y operadores económicos, fortaleciendo la confianza mutua y creando mejores condiciones para el crecimiento y el desarrollo de ambos países.La política de Estado no puede detenerse

Las elecciones cambian gobiernos. Los ministros entran y salen. Las prioridades coyunturales se modifican. Pero las relaciones estratégicas entre Estados deben mantenerse. Precisamente para eso existe una política exterior de Estado: para garantizar continuidad más allá de los ciclos políticos.

El Perú no puede permitir que decisiones de largo plazo queden atrapadas indefinidamente entre trámites administrativos, informes pendientes o cambios de funcionarios.

La burocracia debe estar al servicio del desarrollo nacional y no convertirse en un obstáculo para él.

Resulta especialmente llamativo que mientras ambos países hablan constantemente de integración amazónica, conectividad, corredores bioceánicos, cooperación energética y fortalecimiento de sus vínculos económicos, un instrumento negociado y firmado por ambos gobiernos permanezca paralizado durante una década.

Una oportunidad que no debe seguir esperando

Brasil ha reiterado en numerosas oportunidades su disposición para poner en vigor el acuerdo y, una vez vigente, negociar protocolos adicionales que permitan ampliar todavía más su alcance.

Sin embargo, ello solo será posible cuando el Perú complete el proceso de ratificación. No se trata de hacer un favor a Brasil. Se trata de actuar en beneficio propio.

Cada año de retraso significa oportunidades perdidas para empresas, inversionistas, exportadores y trabajadores de ambos países.

El Perú necesita atraer más inversiones, diversificar mercados, generar empleo y fortalecer su presencia en América del Sur. Brasil, por su parte, busca consolidar una relación económica más profunda con un vecino que comparte intereses geográficos, comerciales y estratégicos.

Por ello, después de diez años de espera, ha llegado el momento de que el Estado peruano tome una decisión.

Las relaciones entre Perú y Brasil merecen avanzar con la velocidad que exige el siglo XXI, no con la lentitud de los expedientes olvidados en algún escritorio.

Porque la integración no se construye con discursos, sino con decisiones. Y esta decisión ya ha esperado demasiado.