Por Ricardo Sánchez Serra

La reciente decisión del presidente interino José María Balcázar de ordenar la paralización del pago inicial del contrato de adquisición de aviones F-16 no es solo un error político o administrativo: constituye un grave golpe a la credibilidad internacional del Perú, compromete la seguridad nacional y confirma una preocupante incapacidad moral para ejercer la Presidencia de la República.

Cuando un jefe de Estado actúa contra los intereses permanentes de la nación, desconoce compromisos asumidos por el propio Estado y expone al país al descrédito internacional, ya no estamos ante una simple equivocación: estamos ante una conducta incompatible con la dignidad del cargo.

El país ya había cumplido todas las etapas del proceso. La licitación fue adjudicada conforme a los mecanismos técnicos establecidos, superó las observaciones de la Contraloría y siguió los procedimientos de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, diseñada bajo estándares internacionales -similares a los utilizados por la OTAN- para garantizar transparencia, competencia y rigor profesional. El contrato, además, ya estaba firmado entre la Fuerza Aérea del Perú y la empresa Lockheed Martin.

Por ello, el debate sobre si era mejor adquirir Sukhoi Su-57, Rafale, Gripen, F-35 —que no se vende a América Latina— o incluso priorizar radares, sistemas antimisiles o drones, simplemente ya terminó. Esa discusión pudo darse antes, durante la etapa de evaluación técnica y estratégica. Hoy ya no corresponde polemizar. El Estado peruano tomó una decisión soberana, institucional y técnica: comprar los F-16.

Lo único que corresponde ahora es cumplir el contrato.

Sin embargo, al ordenar que no se efectúe el pago comprometido —que debía realizarse el martes 22— el Ejecutivo coloca al país en una situación de incumplimiento contractual. Esto no solo abre la puerta a eventuales penalidades, arbitrajes o controversias legales, sino que proyecta una imagen de imprevisibilidad que afecta directamente la confianza de socios estratégicos, inversionistas internacionales y aliados diplomáticos.

La renuncia del ministro de Defensa y del prestigioso canciller Hugo de Zela agrava aún más la crisis. No se trata de funcionarios menores ni de diferencias políticas ordinarias: se trata de la salida de dos altos responsables del Estado frente a una decisión presidencial que consideran insostenible.

Más aún, el propio canciller de Zela ha señalado con claridad que el presidente tenía pleno conocimiento de la firma del contrato y que, al negarlo públicamente, mintió al país. Esa afirmación es devastadora. Si el presidente desconocía lo firmado, demuestra incapacidad; si lo sabía y lo negó, demuestra engaño deliberado. En ambos casos, la conclusión es la misma: no está en condiciones de gobernar.

En el ámbito internacional, la reputación de un país se construye sobre un principio elemental: la palabra empeñada se cumple. Cuando un Estado firma un contrato, no lo hace un gobierno pasajero, sino la República. Romper o dilatar ese compromiso por capricho político, confusión ideológica o evidente desconexión con la realidad debilita la percepción de seriedad institucional del Perú.

Las consecuencias van mucho más allá del sector defensa. Este tipo de señales impacta en futuras negociaciones comerciales, acuerdos de cooperación, inversión extranjera y relaciones estratégicas. Ningún actor internacional quiere asociarse con un país cuyo presidente improvisa, retrocede o actúa sin control político ni criterio de Estado.

Estados Unidos no es solo un proveedor militar en este caso; es un socio clave en múltiples niveles. La percepción de falta de confiabilidad puede traducirse en un enfriamiento de la relación bilateral, con efectos diplomáticos, comerciales y geopolíticos que el Perú no puede permitirse.

Por eso, aquí ya no se discute un modelo de avión ni una preferencia doctrinaria sobre defensa. Se discute algo más grave: la capacidad mental, política y moral del presidente para ejercer el cargo.

Cuando la ideología nubla el juicio, cuando la improvisación reemplaza al Estado y cuando la mentira se instala en Palacio, el Congreso tiene la obligación constitucional de actuar.

José María Balcázar debe ser vacado por incapacidad moral.

No hacerlo sería convertir la pasividad en complicidad.

Hoy está en juego mucho más que la compra de los F-16: está en juego la credibilidad internacional del Perú, la seguridad nacional y la dignidad misma de la República.