El Perú necesita una mandataria concentrada en gobernar, no en responder a rumores. Hay límites que una sociedad democrática no debería cruzar. Uno de ellos es la intimidad de las personas. Y ese límite debe ser todavía más respetado cuando se trata de quien ejerce la Presidencia de la República.

La vida privada pertenece a la esfera más personal de cada ser humano. Como recuerda la Fundación Gabo al abordar los límites éticos del periodismo, la intimidad es un derecho de todas las personas y constituye una esfera que debe permanecer protegida frente a intromisiones indebidas.

Por eso resulta preocupante que determinados medios pretendan convertir aspectos de la vida personal de la presidenta Keiko Fujimori en materia de escrutinio público, más aún cuando se han difundido versiones que ella misma ha tenido que desmentir.

Y hay algo todavía más delicado: detrás de la presidente hay también dos hijas que merecen crecer y vivir al margen de las especulaciones, los rumores y el ruido interesado que pueda generarse alrededor de su madre. Los hijos de cualquier persona pública no pueden convertirse en víctimas colaterales del ejercicio del periodismo.

Una cosa es fiscalizar a una gobernante -algo indispensable en democracia- y otra, muy distinta, invadir su esfera personal, especular sobre sus relaciones o convertir versiones no comprobadas en titulares. La política no puede deshumanizar a quienes la ejercen ni arrastrar a sus familias a terrenos que nada tienen que ver con el interés público.

La presidente tiene derecho a una vida privada. Puede relacionarse con quien considere conveniente, compartir su tiempo con quien desee y preservar aquellos aspectos de su existencia que no guardan relación alguna con el ejercicio del poder.

Lo que verdaderamente debe interesarnos es cómo gobierna, qué decisiones toma, qué resultados consigue y cuál es su compromiso con el Perú. Y en ese terreno sí hay mucho que observar.

Gobernar es estar donde está el problema. Keiko Fujimori lleva apenas unos días en la Presidencia. Nadie puede exigirle que resuelva en semanas problemas estructurales que el Estado ha acumulado durante años. Las grandes obras, la prevención de desastres, la seguridad ciudadana, la infraestructura y la recuperación económica requieren planificación, presupuesto y tiempo.

Pero hay algo que sí puede exigírsele desde el primer día: presencia, conducción y capacidad de reacción. Y eso es precisamente lo que se está viendo en sus desplazamientos por diferentes regiones del país, particularmente ante la amenaza de fenómenos climáticos y las consecuencias que pueden producir las lluvias intensas, huaicos e inundaciones.

La prevención, además, no puede ser responsabilidad exclusiva del Gobierno central. Los gobiernos regionales y las municipalidades tienen competencias, presupuestos e instrumentos que deben utilizar oportunamente. Resulta demasiado fácil dejar pasar los años, no ejecutar adecuadamente los recursos y, cuando llega una emergencia, buscar un culpable en Lima. Hay que exigir responsabilidades a todos.

El Perú posee, además, una herramienta tecnológica extraordinaria que debe ser aprovechada mucho más: el PerúSAT-1. CONIDA informa que el sistema satelital ha entregado más de 130.000 imágenes a entidades públicas y que cerca del 40 % de ellas han sido utilizadas para prevención y atención de desastres. El satélite permite monitorear lluvias intensas, inundaciones, incendios y huaicos, además de contribuir a la agricultura mediante información relacionada con sequías y estrés hídrico.

Desde 2025, asimismo, la plataforma GeoAPP, desarrollada por CONIDA, incorpora herramientas de inteligencia artificial capaces de detectar variaciones en la cobertura terrestre y cuerpos de agua en lapsos muy cortos, precisamente para mejorar la respuesta ante emergencias.

¿No debería ser ese el debate? ¿No deberíamos estar preguntando si se están limpiando los cauces de los ríos, reforzando las quebradas, protegiendo a las poblaciones ubicadas en zonas de riesgo y utilizando toda la tecnología disponible para anticipar las emergencias?

Ese es el periodismo que el Perú necesita. Menos rumores, más seguridad.

Lo mismo ocurre con la seguridad ciudadana. Mientras millones de peruanos viven preocupados por la delincuencia, el sicariato, la extorsión y el crimen organizado, resulta incomprensible que parte del debate público pretenda concentrarse en asuntos personales que nada aportan a la solución de los problemas nacionales.

Fiscalizar, sí. Investigar, sí. Preguntar, sí. Pero perseguir la intimidad, fabricar insinuaciones o difundir versiones sin sustento, no.

La libertad de prensa es fundamental; precisamente por eso debe ejercerse con responsabilidad. El periodismo no pierde fuerza cuando respeta los límites de la esfera personal: gana credibilidad.

La oposición también debe estar a la altura. En la misma línea, preocupa que algunos diputados pretendan convertir la interpelación de ministros en un instrumento de revancha política.

La interpelación es una herramienta constitucional de control político y debe utilizarse cuando existan razones serias para exigir explicaciones. No puede convertirse en un mecanismo de hostigamiento ni en una forma de prolongar indefinidamente la confrontación electoral. El país acaba de salir de unas elecciones. Hubo un ganador y hubo quienes perdieron. La democracia exige aceptar el resultado y ejercer la oposición con responsabilidad.

Si se produjeran intentos de censura sin fundamentos suficientes, corresponderá al Gobierno utilizar los mecanismos constitucionales y legales que tenga a su alcance para defender la gobernabilidad y preservar el equilibrio institucional, incluyendo la cuestión de confianza.

El Perú no necesita una guerra política permanente. Necesita resultados. Hay una frase atribuida a Benjamín Franklin que resume bien una de las virtudes indispensables de una democracia: “La honestidad es la mejor política”. Y la honestidad también consiste en llamar a las cosas por su nombre.

La vida privada debe seguir siendo privada. No debemos aceptar una sociedad en la que la esfera personal de una figura pública sea sometida al escrutinio permanente, convertida en materia de especulación y utilizada para exigir explicaciones sobre asuntos que nada tienen que ver con el ejercicio de sus responsabilidades.

Y menos aún cuando se trata de una mujer que acaba de asumir la responsabilidad más alta de la República y que ha manifestado públicamente su compromiso con el Perú.

Dejemos que gobierne.Juzguémosla por sus obras, por sus decisiones, por su capacidad para enfrentar las emergencias, por la seguridad que pueda devolver a los ciudadanos, por la recuperación económica, por la creación de empleo y por su capacidad de unir a los peruanos. Pero no confundamos la fiscalización, indispensable en democracia, con la intromisión indebida en la intimidad, ni el periodismo responsable con la exposición innecesaria de la vida personal.

Una democracia madura sabe que el poder debe ser vigilado, pero también sabe que ningún gobernante deja de ser persona. Y a la presidente de la república, como a cualquier ciudadano, se le debe respeto.

El Perú tiene demasiados problemas reales como para perder el tiempo fabricando problemas privados. Que la presidente gobierne. Que los periodistas investiguen. Que el Congreso fiscalice. Y que los peruanos juzguemos los resultados. Ese es el camino de una democracia seria.

(*) Premio Mundial de Periodismo “Visión Honesta 2023”