Por Ricardo Sánchez Serra
Durante el año 2023 la población del Perú consolidó su clamor de contar con mejores posibilidades reales de vivir en paz y sin la violencia de la delincuencia y del crimen a sus autoridades nacionales, regionales y locales. No se registra el porcentaje de fieles que también lo haya pedido a Dios, pero se especula que debe ser un número alto.
En medio de ese hervor social, en el mes de enero, aceptar el sillón del Ministerio del Interior, que concentra más del 50 % de la producción de noticias en los medios nacionales era cosa de ingenuos, valientes o locos. Alguien aceptó, Vicente Romero Fernández, asumió la cartera del Interior y ofició a la Policía Nacional para poner en relieve el respeto por los derechos humanos. Reorganizó el Ministerio el cual había perdido la brújula de su misión constitucional y carecía de profesionales idóneos para una difícil coyuntura.
Llegado el 28 de julio, la presidenta solicitó Facultades al Congreso de la República para elaborar una nueva estructura jurídica contra la delincuencia. Ofreció 33 normas, anunció 36 al terminar el año 2023.
Un selecto equipo de asesores trabajó en la gestión del ministro, Vicente Romero, a quien un día reconocerán su calidad humana y el significado de su gestión sin mitos ni campañas mediáticas de demolición. Contrariamente, muchos políticos en el Congreso, clubes partidarios, cargos públicos y en otros espacios han consumado la desconfianza de los ciudadanos sobre ellos.
La encuesta “Perú: Percepción Ciudadana Sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones” del INEI, publicada en diciembre 2023, informa que solo el 3 % confía en los partidos políticos y el 4.2 % en el Congreso de la República. Un poder del Estado con más del 90% de rechazo ciudadano censuró a un ministro al que no halló pizca de corrupción y gestionó la elaboración del nuevo marco legal contra el delito y el crimen en el Perú.
El destacado, Jaime Reyes Miranda, conocedor de asuntos de Estado, jefaturó el Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior donde participó el equipo que trabajó las normas para la seguridad ciudadana durante el periodo de Facultades. Entre ellos, Giovanna Vélez Fernández, Víctor Hugo Tuesta Castro, Aníbal Sánchez Aguilar, y George Otsú Sánchez quienes han explicado los alcances de los decretos legislativos.
También estuvo el analista, Gary Ayala Ochoa, experto en comunicación estratégica, cuyo diseño comunicacional aplicado en Puno para defender a la minería legal que enfrenta organizaciones criminales, fue tomado como referente técnico en el XIII Congreso Internacional Descubriendo la Minería del Futuro” realizado en mayo del 2023, en Lima.
Existe una gran expectativa por el beneficio que traerán las normas. Que la voluntad del gobierno y la exigencia de la ciudadanía por la seguridad ciudadana supere a la inseguridad política que generan quienes ya han sido identificados por la población nacional como el lastre del Perú.
Al ministro Romero no debió el Congreso tumbarlo. Es un gran profesional, conocedor de su trabajo. La mezquindad y el pulso por el poder pudo más. Así no se hace patria.
