Michel Foucault nunca escribió sobre minería ilegal en el río Nanay. Tampoco imaginó dragas removiendo el lecho de un afluente, y sin embargo, pocas herramientas conceptuales explican mejor lo que ocurre hoy en la gobernanza ambiental peruana que su noción de gubernamentalidad.
Para Foucault, el poder moderno no se ejerce solo por la ley que prohíbe, sino por técnicas que administran, calculan y optimizan la vida de las poblaciones: censos, estadísticas, protocolos, informes, mesas técnicas. Es un poder que ya no dice simplemente «no matarás», sino que pregunta «¿cómo hacer vivir y dejar morir de manera eficiente?».
Esa pregunta, trasladada a la biopolítica de la concesión minera: Cuando el Estado autoriza —o intenta impedir— una petición minera como la conocida en la cuenca del Nanay, no está simplemente aplicando una norma. Está desplegando todo un aparato de gubernamentalidad: catastros mineros, estudios de impacto ambiental, el INGEMMET, y las organizaciones indígenas que defienden su territorio.
Foucault llamaría a esto una tecnología de gobierno de las conductas: no se prohíbe directamente extraer oro del Nanay, se administra la posibilidad de hacerlo mediante procedimientos, plazos, silencios administrativos y vacíos normativos que los actores ilegales conocen y explotan mejor que nadie.
Aquí es donde mi propia investigación doctoral encuentra un punto de elemental. Si la biopolítica clásica se ocupa de administrar la vida humana como población, ¿qué ocurre cuando el objeto de gobierno se extiende a los ríos, los bosques y las especies? Kohei Saito, nos recuerda que el capital necesita metabolizar la naturaleza como recurso calculable; Bruno Latour, por su parte, insiste en que hemos gobernado durante siglos como si la naturaleza no tuviera voz política propia, como si fuera un telón de fondo mudo para el drama humano, a mi me revela algo incómodo: los dispositivos técnico-legales que hoy protegen —o fingen proteger— la Amazonía peruana replican la misma lógica administrativa que hizo posible su depredación.
Medimos, catastramos, cuantificamos y reportamos al río Nanay con el mismo lenguaje burocrático que antes sirvió para inventariarlo como recurso explotable. La pregunta y la propuesta de un «parlamento de las cosas» nos empujan a preguntarnos si es posible gobernar sin objetivar, proteger sin administrar como si la naturaleza fuera solo población calculable. La Amazonía peruana es hoy un laboratorio involuntario de gubernamentalidad ambiental.
Cada instrumento —desde un TUPA hasta un protocolo de fiscalización— decide, sin decirlo abiertamente, qué forma de vida prevalece. Leer a Foucault junto a Saito y Latour no es un lujo teórico: es una manera de nombrar lo que ya intuimos quienes trabajamos en la frontera entre el derecho ambiental y la administración pública —que gobernar la naturaleza sin repensar las categorías mismas de gobierno es condenarnos a repetir, con mejor lenguaje técnico, la misma lógica extractiva que decimos combatir.
La pregunta que nos deja Foucault, actualizada por la crisis climática, no es solo cómo hacer cumplir la norma ambiental, sino qué tipo de poder queremos ejercer sobre lo vivo. Esa es, quizás, la verdadera reforma pendiente. Gracias por leerme.
(*) Abogada Constitucionalista
