Por Ross Barrantes
La paradoja es cruel y evidente. Las comunidades alto-andinas del Perú, que han vivido durante siglos en armonía con su entorno, emitiendo cantidades insignificantes de gases de efecto invernadero, hoy enfrentan sequías prolongadas, heladas fuera de temporada y la desaparición de glaciares que alimentaban sus sistemas de riego ancestrales. Mientras tanto, las decisiones sobre política climática se toman en Lima, Washington o París, en espacios donde la voz de las comunidades no existe. Esta realidad nos obliga a repensar qué entendemos por justicia en tiempos de crisis climática. Planteamos una pregunta fundamental: ¿quién tiene derecho a participar en las decisiones sobre el cambio climático? ¿Solo los países que firman acuerdos internacionales? ¿Solo las empresas que pueden pagar lobbistas? ¿O también las comunidades que, sin haber contribuido al problema, cargan con sus peores consecuencias?
El debate no es meramente académico. Tiene consecuencias reales y urgentes. Cuando el gobierno peruano negocia tratados de libre comercio que facilitan la extracción de recursos naturales, o cuando suscribe acuerdos climáticos internacionales, ¿consulta a las comunidades de Huaraz que dependen del agua de los glaciares? ¿Escucha a los pueblos amazónicos cuyo territorio es visto como una simple ‘reserva de carbono’ para compensar las emisiones del norte global? La respuesta, lamentablemente, la conocemos. Según el principio de sujeción: todos aquellos que están ‘sujetos’ a una estructura de gobernanza deberían tener voz en ella. Pero aquí surge el problema ¿qué pasa cuando no hay estructuras de gobernanza, o cuando estas son tan débiles que no pueden proteger a los más vulnerables?
El cambio climático es el ejemplo perfecto de esta falla. No existe una autoridad mundial del clima con poder real. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es más una mesa de negociación que un gobierno global. Y mientras los diplomáticos negocian, los glaciares se derriten y las comunidades se quedan sin agua. Perú ha avanzado algo con la Ley Marco sobre Cambio Climático de 2018, que reconoce la necesidad de proteger a las poblaciones vulnerables. Pero una ley sin presupuesto, sin mecanismos de participación real, sin poder lograr mesas de dialogo y trabajar en conjunto. La situación se complica aún más cuando consideramos que el cambio climático no distingue entre pueblos indígenas con derechos reconocidos internacionalmente y otras comunidades vulnerables. El Convenio 169 de la OIT, que Perú ratificó, garantiza la consulta previa a pueblos indígenas. Pero ¿qué pasa con los campesinos que no califican como ‘indígenas’? ¿Con los pescadores artesanales de Piura que ven alterados los patrones del mar? ¿Con los habitantes de los pueblos jóvenes de Lima que sufren cada vez más los huaicos? No podemos esperar a que se resuelvan los debates filosóficos mientras las comunidades sufren. Mientras escribo estas líneas, otro pedazo del Huascarán se derrite. Otra comunidad alto-andina raciona el agua. Otro pueblo amazónico ve cómo las crecientes inusuales arrasan con sus cultivos. No tenemos el lujo del tiempo para debates interminables. La justicia climática no puede ser un concepto abstracto discutido en conferencias académicas o cumbres internacionales. Debe traducirse en agua limpia para beber, en cultivos que sobreviven, en comunidades que pueden planificar su futuro sin el temor constante a la siguiente catástrofe. El caso peruano es paradigmático, pero no único. Somos un laboratorio de las injusticias climáticas globales: un país megadiverso, con poblaciones vulnerables, gobiernos débiles y una economía dependiente de actividades extractivas. Si no podemos resolver aquí el dilema entre desarrollo y justicia climática, ¿qué esperanza queda para el resto del Sur Global? . Aquí un dato clave, según un último estudio en 2025, Perú es el tercer país mas vulnerable al cambio climático. Gracias por leerme.
(*) Abogada Constitucionalista
