El 24 de junio de 2026, un doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudió la costa norte de Venezuela. En cuestión de segundos—39 segundos entre el primer y segundo movimiento telúrico—la realidad se desmoralizó. Cientos de muertos. Cientos más desaparecidos bajo los escombros de Caracas, La Guaira, Yaracuy. El aeropuerto internacional clausurado. Edificios colapsados.
Una crisis humanitaria en tiempo real. Mientras los equipos de rescate de Estados Unidos, Colombia y las Naciones Unidas se desplegaban en Venezuela, mientras el gobierno declaraba estado de emergencia nacional, mientras las promesas de ayuda bilateral llegaban a raudales, volvía mi mente a un documento que reposa en archivos de Sharm El-Sheikh desde noviembre de 2022: el Fondo para Pérdidas y Daños, ese instrumento que la comunidad internacional celebró como «histórico» tras tres décadas de negociaciones estancadas. Pregunta legítima: ¿dónde está en este momento? Conocemos su genealogía.
Después de que las pequeñas islas del Pacífico y las naciones más vulnerables del Sur Global presionaran implacablemente, la COP27 en Sharm El-Sheikh finalmente produjo lo que la diplomacia climática llevaba treinta años evitando: un fondo específico para que países vulnerables financiaran «pérdidas y daños»—es decir, aquellos impactos del cambio climático que ni se pueden mitigar ni se pueden adaptar. Un daño hecho. Una pérdida sin reversión. Pero el triunfo fue incompleto desde su génesis. El acuerdo de COP27 no especificaba cifras concretas.
No definía con precisión qué países podían acceder. Luego, en COP28 Dubai, finalmente se operacionalizó: $700 millones de promesas iniciales, una junta de 26 miembros, alojamiento temporal en el Banco Mundial. El dinero comenzaría a fluir «pronto». Dos años después, aquí estamos. Venezuela golpeada. Y el fondo sigue atendiendo a países que, mayoritariamente, no la incluye.
Permítame la provocación: ¿por qué el Fondo de Daños y Pérdidas permanece tan ausente en el discurso de política nacional peruana sobre gestión de riesgos de desastres? Perú vive bajo amenaza constante. Sismos de magnitud 8 en la subducción del Pacífico. Huaycos en la sierra. Inundaciones amazónicas. El Niño global que desestabiliza nuestro clima. Y sin embargo, cuando hablamos de financiamiento para respuesta a desastres, de reconstrucción poscrisis, de fondos de mitigación, el discurso oficial sigue anclado en deuda, en presupuestos restrictivos, en la plegaria ingenua de que «el mercado proveerá» o que los fondos de cooperación internacional llegarán por solidaridad. No mencionamos el Fondo de Daños y Pérdidas.
Nuestras cancillerías no lo posicionan como un activo estratégico. Nuestros legisladores no lo citan en debates sobre resiliencia nacional. Venezuela ahora enfrenta una crisis de desastres. No climática únicamente, pero en contexto de vulnerabilidad geográfica acumulada. Si tuviera acceso fluido al Fondo de Daños y Pérdidas, podría solicitarlo. Pero ¿cuán fluido es ese acceso en realidad? ¿Cuántos requisitos administrativos, qué tiempo de tramitación, qué condicionalidades? El Banco Mundial, que hospeda temporalmente el fondo, es el mismo que impone recetas de ajuste estructural. Los gobiernos que contribuyen son los mismos que financian la deuda peruana. La arquitectura de «solidaridad internacional» sigue reproduciendo asimetrías.
Lo que el caso de Venezuela ilustra, con crudeza, es que la velocidad de los desastres supera la velocidad de la burocracia internacional. Mientras se negocia, se negocian, se redactan principios, la realidad mata. Las primeras 72 horas después de un terremoto son críticas para rescates. ¿En qué momento del proceso del Fondo estamos en esas 72 horas? ¿En solicitud? ¿En revisión? ¿En aprobación? Perú tiene una ventana abierta ahora—en este momento, con gobiernos regionales que pueden aliarse, con representación en foros internacionales—para presionar porque ese fondo se vuelva real, rápido y sin condicionalidades inaceptables. Porque el próximo terremoto peruana no espera calendarios diplomáticos. La pregunta que debe hacerse es: ¿está nuestra cancillería lista para que esa presión ocurra? ¿O seguiremos observando desde la barrera mientras otros golpean puertas internacionales? Venezuela golpeó. Pero la ventana de acción nacional, para Perú, está ahora abierta. No esperemos a que se cierre. Gracias por leerme.
(*) Abogada Constitucionalista
