La Conferencia de las Partes número 28, en calidad de reunión de las Partes, en sus negociaciones finales reconoce la urgencia de abordar la crisis climática y promover el desarrollo sostenible, adoptando como decisión el objetivo de avanzar hacia una transición justa y eficaz frente a los desafíos del cambio climático, Dentro de estos acuerdos se ha reconocido que a pesar de los avances, las Partes aún no están encaminadas hacia el logro de los objetivos del Acuerdo de París Como observadora, tengo una gran preocupación por el aumento registrado en 2023 como el año más caliente jamás registrado, por ello tenemos la necesidad de que las partes asuman medidas urgentes para mantener el objetivo de 1.5 °C alcanzable.
Dentro del acuerdo de transición justa, nuestro país representado por funcionarios destacados del Ministerio de Relaciones Exteriores, se reconoció la importancia de considerar los principios de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas en la implementación del Acuerdo de París, especialmente en relación con la financiación, el desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología, dentro de las medidas de Respuesta el Perú apoyo el reconociendo sobre la importancia de maximizar los impactos económicos y sociales positivos y minimizar los negativos de las medidas de respuesta, destacando la necesidad de evaluar y abordar los impactos socioeconómicos de manera equitativa.
Perú como parte del AILAC, impulsó el reconocimiento del compromiso de las Partes, particularmente los países desarrollados, de considerar las preocupaciones de las economías más afectadas por los impactos de las medidas de respuesta, en línea con el artículo 4, párrafo 15, del Acuerdo de París.
Como país resaltar la necesidad de avanzar en la evaluación y abordaje de impactos socioeconómicos, tomando en cuenta la equidad y la justicia climática, es un avance que tenemos hacía las acciones para una Transición Justa, además se reconoce la importancia de una distribución equitativa de los fondos recaudados, considerando la diversidad de necesidades y circunstancias de las Partes, y destaca la participación de todas las partes interesadas, incluidos pueblos indígenas, comunidades locales y gobiernos. La COP 28 destacó la importancia de utilizar los fondos recaudados para apoyar iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible, mejoren la resiliencia, impulsen tecnologías verdes, fomenten la investigación y la educación, y aborden necesidades urgentes, priorizando a las comunidades más vulnerables.
La cuestión central radica en el destino de los fondos recaudados. ¿Deberían distribuirse a todos los ciudadanos de manera igualitaria, adoptando una suerte de renta básica incondicional? ¿O debería priorizarse la ayuda a aquellos en situaciones más vulnerables? ¿Solo a comunidades indígenas? Las opciones sobre cómo distribuir estos fondos también incluyen consideraciones prácticas, como la forma de distribución. Además, la deliberación se extiende a la inversión de los fondos: ¿se destinan a bienes públicos, mejoras ambientales, tecnología verde, investigación médica, educación o acceso a la justicia, titulación de tierras para comunidades indígenas? La elección estratégica sobre cómo emplear estos recursos reflejará la visión colectiva sobre la dirección que debe tomar la acción climática en nuestro país.
