El Estado peruano contemporáneo encarna una modalidad disfuncional de organización política, caracterizado por una esquizofrenia institucional profunda que manifiesta simultáneamente rasgos despóticos y de ausencia estatal según el sector social al que se dirija su acción.
Esta arquitectura política patológica se sustenta en un apartheid jurídico-administrativo donde coexisten dos realidades paralelas e incompatibles: por un lado, un sector formal minoritario sometido a una hiperregulación asfixiante que multiplica exponencialmente los costos de transacción y las barreras de entrada al mercado legal; por otro lado, vastos sectores populares abandonados deliberadamente a la informalidad, condenados al 75% de la fuerza laboral nacional a operar al margen del sistema legal y de sus protecciones.
Esta disfuncionalidad estructural no constituye un accidente histórico sino el resultado lógico de una génesis colonial que diseñó institucionalmente la fragmentación social mediante el sistema de «dos repúblicas» (española e indígena), creando desde el origen una fractura ontológica entre el aparato estatal y las mayorías poblacionales que se perpetuó y profundizó durante la República, configurando un Estado criollo esencialmente ajeno y hostil al Perú andino-amazónico.
El funcionamiento contemporáneo de este Leviatán obedece a una lógica neo-patrimonialista perversa donde las instituciones públicas han sido capturadas sistemáticamente por mafias burocráticas, argollas corporativas y grupos de presión que han transformado el aparato normativo en una fábrica de regulaciones irracionales, contradictorias e inaplicables, diseñadas no para organizar eficientemente la vida social sino para crear artificialmente obstáculos que puedan ser monetizados posteriormente a través de la venta de permisos, licencias, «gestiones» y favores administrativos.
Esta dinámica genera un círculo vicioso letal donde la sobrerregulación expulsa masivamente a los emprendedores hacia la economía informal, mientras que estos sectores excluidos, impossibilitados de prosperar en la legalidad, terminan capturando fragmentos del poder estatal para reproducir desde adentro los mismos mecanismos de exclusión que los victimizaron, perpetuando así un sistema donde las instituciones se orientan hacia adentro para beneficiar a sus operadores antes que hacia afuera para servir a los ciudadanos.
La superación de esta trampa institucional y la construcción de un Estado genuinamente democrático y eficiente requiere una transformación revolucionaria multidimensional que incluya la implementación implacable de sistemas meritocráticos en todos los niveles de la administración pública, la instauración obligatoria de análisis científicos de impacto regulatorio para cada norma propuesta, el establecimiento de mecanismos vinculantes de consulta ciudadana digital que democraticen la producción normativa, la digitalización integral de los procesos administrativos para eliminar intermediarios corruptos y espacios de discrecionalidad, la revisión exhaustiva y depuración del stock normativo existente para eliminar regulaciones redundantes o contradictorias, y fundamentalmente la construcción de un gran pacto social que involucre a trabajadores organizados, empresariado responsable y representantes de la economía popular para negociar simultáneamente estrategias de elevación salarial y formalización masiva, única vía viable para quebrar el círculo infernal que nos condena como sociedad fragmentada y convertir finalmente al Estado peruano en el instrumento de integración social, desarrollo económico y modernización institucional que el país requiere para superar definitivamente su condición de nación trunca y realizar su potencial histórico como sociedad próspera, equitativa y democrática en el siglo XXI. Gracias por leerme.
(*) Abogada Constitucionalista
