Mientras las calles se iluminan con guirnaldas y las plazas se congregan para despedir el año, ¿Qué balance hacen los ciudadanos cuando la brecha entre promesas electorales y realidad administrativa se ensancha cada año? La celebración colectiva se ve atravesada por una pregunta incómoda: ¿cuál es el futuro de una democracia que cuestiona permanentemente su propia legitimidad? La disfunción del bicameralismo no es un detalle técnico: es la expresión visible de un colapso que define la actualidad política peruana. Con 39 partidos políticos inscritos y 29 más en proceso de inscripción—un récord histórico de fragmentación—el Congreso ha llegado a albergar 17 bancadas simultáneamente. Aunque el número se redujo a 13 grupos parlamentarios hacia finales de 2024, la volatilidad legislativa persiste: 39 parlamentarios cambiaron de bancada en los últimos meses, fenómeno conocido como transfuguismo, que refleja la ausencia de compromisos ideológicos o programáticos sólidos. Los gobiernos minoritarios enfrentan bloqueos legislativos constantes que impiden la ejecución presupuestal. Las mociones de censura se suceden mientras agendas críticas—reformas tributarias, inversión en salud pública, políticas ambientales, control del crimen organizado—quedan suspendidas en el limbo. La incompetencia gestional y actos de corrupción administrativa disuelven la confianza año tras año. Los indicadores no mienten: el Congreso cuenta con una desaprobación del 89-93%, mientras que los partidos políticos alcanzan apenas un 7-9% de confianza ciudadana. Tanto el poder ejecutivo como el legislativo registran tasas de desaprobación que rondan el 95%.
En este contexto, ¿qué significa celebrar? Para muchos peruanos, especialmente en sectores vulnerables, las festividades son contenidas, atravesadas por la incertidumbre. Mientras las élites tradicionales perpetúan ciclos de captura estatal en espacios privados, la sociedad civil reclama voces que demanden una ruptura real. La tasa de pobreza, que en 2019 era del 19%, ascendió al 25% en 2023. El trabajo informal supera el 70%. Las extorsiones a pequeños comerciantes y transportistas han aumentado un 540% desde 2022. Desde 2021, la tasa de homicidios se ha triplicado. Las promesas incumplidas no son olvido: son deuda política acumulada. Cada fin de año suma más grosores a esta hipoteca sobre el futuro. El Perú ha visto desfilar seis presidentes en apenas ocho años (desde 2016), un fenómeno sin precedentes democráticos que evidencia la erosión sistemática de las instituciones. La más reciente vacancia presidencial—la de Dina Boluarte en octubre de 2025, destituida por «incapacidad moral permanente»—expone la fragilidad de una causal constitucional demasiado abierta a la manipulación política. Las elecciones generales convocadas para el 12 de abril de 2026 se perfilan como las más complejas de la historia electoral peruana. Con más de 60 fórmulas presidenciales precandidatas y cerca de 10,000 postulantes al Congreso, el proceso refleja más desorden que democracia. La ausencia de partidos sólidos, de liderazgos con trayectoria comprobada y de mecanismos reales de formación política condena al país a repetir ciclos: gobiernos débiles, congresos atomizados, políticas públicas erráticas.
Las fiestas de fin de año, entonces, no son celebración: son espera. Espera de un cambio que ha sido prometido demasiadas veces sin materializarse. Espera de instituciones que funcionen, de partidos que representen, de líderes que lideren. Espera de un Estado que cumpla con su función básica de garantizar seguridad, bienestar y dignidad a sus ciudadanos. Es una espera cansada, pero es, paradójicamente, todo lo que les queda. Felices fiestas a todos mis lectores, gracias a todos por acompañarme en este 2025. Nos vemos en 2026.
(*) Abogada Constitucionalista
