Ross Barrantes
El 28 de julio, Keiko Fujimori entregó al país un mensaje breve —apenas catorce páginas, frente a las extensas liturgias de sus antecesores—. Fujimori priorizó el fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana, prometió decretos de urgencia y facultades delegadas, y anunció que las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el control de territorios capturados por el crimen organizado. Mencionó la minería ilegal como enemigo a desarticular «desde sus cabecillas y sus estructuras económicas». Pero no dijo una palabra sobre el Reinfo, ese mecanismo que sigue blindando a la minería informal bajo el disfraz de la formalización pendiente.
No habló de deforestación, pese a que el Perú pierde cada año miles de hectáreas de bosque primario. No mencionó Escazú, ni el Tratado de Alta Mar, ni Tía María, ni Conga, ni la pesca ilegal de flotas extranjeras, ni la titulación de territorios indígenas, ni la protección de quienes defienden el ambiente con su cuerpo puesto en la línea de fuego. Casi en paralelo, el Congreso anunció la conformación del primer grupo multipartidario «Perú al desarrollo sostenible: una agenda común», suscrito por senadoras y diputados de distintas bancadas y acompañado, de organizaciones ambientales como, Oceana, Oxfam, DAR, Red Muqui, MOCICC, el Centro de Sostenibilidad Ambiental de la UPCH, Libélula, Lideres + 1 y la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales. La iniciativa se presenta como un puente hacia la academia, el sector privado, la sociedad civil y la ciudadanía.
Y aquí es donde la crítica debe ser coyuntural, porque la pregunta no es si el grupo existe, sino a quién representa cuando dice representar a «la sociedad civil». Bruno Latour advirtió que constituir un parlamento de las cosas —dar voz política a la naturaleza y a quienes viven pegados a ella— exige negociar la representación con extremo cuidado, porque siempre hay portavoces que hablan en nombre de otros sin haber sido delegados por ellos.
¿Quién habilitó a estas organizaciones —casi todas con sede, financiamiento y agenda articulados desde Lima o desde la cooperación internacional— para encarnar la voz de la sociedad civil amazónica, andina o de las comunidades ribereñas del Nanay, del Putumayo o de Madre de Dios? La ciencia ambiental no habita únicamente los laboratorios y las ONG limeñas; existe, se produce y se sufre también en las regiones, en universidades locales, en federaciones indígenas, en gobiernos regionales que llevan años pidiendo ser algo más que destinatarios de políticas diseñadas en la capital. Un grupo que se anuncia «multipartidario» pero cuyo entramado de acompañamiento no nombra a una sola organización de base regional revela, más que un descuido, un patrón: la agenda ambiental peruana sigue construyéndose de arriba hacia abajo, con la sociedad civil de Lima operando como intermediaria obligada entre el territorio y el poder. Hannah Arendt distinguía la acción política genuina —la que nace de la pluralidad de quienes aparecen y hablan en un espacio común— de la mera administración de lo social, donde los cuerpos técnicos deciden por otros bajo el pretexto de la neutralidad experta.
Cuando la «articulación con la sociedad civil» se reduce a incorporar a las mismas ONG que ya dialogan permanentemente con el Congreso y con la cooperación internacional, no hay pluralidad: hay repetición de un mismo círculo que se legitima citándose a sí mismo.
Y cabe preguntarse, con la honestidad que exige el momento, quién financia a estas organizaciones y qué agenda internacional traen consigo. No para deslegitimar su trabajo técnico, que en muchos casos es riguroso, sino para no confundir la defensa de la naturaleza con la defensa de una arquitectura de financiamiento que responde a prioridades fijadas fuera del país.
Kohei Saito ha insistido en que buena parte del ambientalismo institucional termina siendo un ambientalismo de mercado, compatible con el capitalismo verde y con el flujo de fondos internacionales, pero incapaz de tocar las relaciones de producción y extracción que realmente ponen en jaque a los ecosistemas. Un grupo parlamentario que se nutre casi exclusivamente de ese circuito corre el riesgo de producir una agenda ambiental «presentable» para los financiadores, y eso es peligroso. Gracias por leerme
(*) Abogada constitucionalista y ambiental, docente universitaria, doctoranda en Filosofía
