Por Ross Barrantes

La Sala Plena de la Corte Suprema acaba de emitir un pronunciamiento solemne: la independencia judicial es «inseparable de la auténtica vida democrática». Lo respalda con el informe de la Comisión de Venecia, aprobado en marzo de 2026, que identifica señales de alarma preocupantes en el sistema de justicia peruano. Todo muy correcto. Todo muy oportuno. Y, sin embargo, algo falla. Jürgen Habermas, el filósofo alemán que más rigurosamente pensó la relación entre derecho y democracia, advirtió que las sociedades modernas enferman cuando la lógica del poder —calculadora, instrumental, estratégica— invade los espacios que deberían regirse por la razón y el argumento. Lo llamó colonización del mundo de la vida.

Y lo que ocurre hoy en el Perú con su sistema de justicia no es otra cosa: un Congreso que reforma sin deliberar, una clase política que ataca magistrados en lugar de debatir normas, y una esfera pública que confunde el escándalo con el debate. La Comisión de Venecia fue brutalmente clara: las reformas al Poder Judicial se han producido «en rápida sucesión y de manera descoordinada». No hay visión de conjunto. No hay coherencia normativa. Hay parches legislativos motivados por urgencias políticas, no por diagnósticos institucionales serios. ¿Alguien en el Congreso ha leído a fondo ese informe? ¿O simplemente se lo citan cuando conviene y se lo ignora cuando estorba?

El caso más elocuente es el Proyecto de Ley N° 9675/2024-CR, que propone que los jueces de la Corte Suprema sean elegidos por el Senado. Presentado por quien hoy ejerce la presidencia de la República en funciones. Una propuesta que la propia Comisión de Venecia observó con preocupación, porque entregar la designación de magistrados supremos a un órgano político —sin garantías de independencia— es exactamente el primer paso que dan los regímenes que quieren controlar la justicia sin asumir públicamente que eso es lo que están haciendo. Habermas tiene un nombre para esto: acción estratégica disfrazada de procedimiento democrático.

No se busca el mejor sistema de justicia. La Comisión de Venecia lo señaló expresamente: estas prácticas deterioran la confianza ciudadana en las instituciones independientes y crean un clima en el que la presión política sobre los magistrados se vuelve tolerable, casi normal. Una reforma judicial legítima no se hace en cuatro sesiones del Congreso entre denuncias constitucionales y mociones de censura. Se construye con tiempo, con participación, con técnica y con disposición real a escuchar al que sabe más sobre el tema que el que tiene más votos.

El Perú necesita, urgente, lo que Habermas llamó discursos prácticos: conversaciones públicas donde la única fuerza que prevalezca sea la del mejor argumento. No la del partido con más escaños. No la del medio con más audiencia. No la del Ejecutivo de turno. Mientras eso no ocurra, los pronunciamientos institucionales seguirán siendo necesarios. Pero seguirán siendo insuficientes. Y la democracia peruana seguirá siendo, en buena medida, teatro. Gracias por leerme

(*) Abogada constitucionalista, profesora universitaria y especialista en derecho ambiental y filosofía política.