Antes de dormir, la mayoría de nosotros repite el mismo gesto: deslizar el pulgar sobre una pantalla que no pesa, que no huele, que no envejece con nosotros. No hay ahí, en sentido estricto, una cosa. Hay información: un flujo incesante de estímulos que aparece y desaparece sin dejar huella material en el mundo. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han bautizó a este fenómeno con un término tan simple como inquietante: no-cosas. En su ensayo No-cosas. Quiebras del mundo de hoy (2021), Byung–Chul sostiene que estamos abandonando un orden habitado por objetos —los Dinge, las cosas que permanecen, que se tocan, que estabilizan la experiencia humana en el tiempo— para instalarnos en un orden dominado por la información: volátil, desechable, hecha para captar la atención por un instante y desvanecerse al siguiente.
Han describe una mutación antropológica: si las cosas nos anclaban al mundo —una mesa heredada, un libro subrayado, una llave que abre una puerta específica—, la información nos desancla de él. No habitamos los datos; los consumimos. Y en esa sustitución se juega algo más que el diseño de nuestros objetos cotidianos: se juega la posibilidad misma de construir una biografía, una memoria compartida, un mundo común. Han lo llama infocracia: el gobierno de la información sobre la vida, donde la cuantificación —likes, métricas, perfiles algorítmicos— reemplaza al juicio y la deliberación como forma de organizar lo social.
Desde la teoría del derecho, esta mutación no es inocua. Nuestros sistemas jurídicos —el peruano entre ellos— fueron construidos sobre la matriz romana de la cosa: el Código Civil distingue bienes corporales e incorporales, regula la posesión, la propiedad y los frutos partiendo de la premisa de que hay un objeto identificable sobre el cual recae un derecho. Pero ¿qué ocurre cuando el objeto se disuelve en flujo de datos, en un algoritmo que decide qué información recibimos, en un activo digital que no tiene extensión ni lugar? El derecho, pensado para las cosas, llega tarde —y a menudo mal equipado— a la tarea de regular las no-cosas: la huella digital, los datos personales convertidos en mercancía, los patrimonios informacionales que hoy valen más que cualquier bien corporal. Esta tensión se percibe con especial nitidez en países como el Perú, donde la Amazonía —territorio de cosas por excelencia: agua, suelo, bosque, mineral— es sometida cada vez más a una lógica extractiva que la traduce en datos de producción, coordenadas georreferenciadas, cifras de exportación. La minería ilegal, por ejemplo, no solo depreda un ecosistema material; también compite por el control de la información que decide qué se fiscaliza, qué se denuncia y qué permanece invisible en un expediente.
La pregunta que deja Han, entonces, no es solo filosófica: es también una pregunta jurídica y política. ¿Puede una comunidad autogobernarse cuando su experiencia del mundo se reduce a la información que un algoritmo decide mostrarle? ¿Puede el derecho ambiental proteger lo que ya no se percibe como cosa, sino como dato gestionable? Tal vez la tarea de nuestro tiempo no sea rechazar la información, sino recuperar la capacidad de detenernos ante las cosas: un río, un texto, un rostro. Recordar que hay experiencias que no se dejan capturar en una pantalla, y que precisamente ahí —en esa resistencia— sigue latiendo la posibilidad de un mundo común. Gracias por leerme.
(*) Abogada constitucionalista y ambientalista, docente universitaria, doctoranda en Filosofía




