Hay una categoría de personas que el derecho internacional reconoce con el nombre frío y burocrático de «defensores ambientales», pero que la filosofía política debería llamar por lo que realmente son: los últimos custodios del mundo común.

No son héroes en el sentido romántico. Son, antes que nada, cuerpos. Cuerpos que se interponen entre una retroexcavadora y un río. Cuerpos que firman denuncias sabiendo que firmar puede costar la vida. Cuerpos que, en el vocabulario de Achille Mbembe, habitan la zona donde el poder decide quién puede vivir y quién puede morir —lo que él llamó necropolítica—, pero que, al contrario de los condenados de esa zona, eligen quedarse y hablar. Y esa elección es, precisamente, el acto político más radical de nuestro tiempo.

Hannah Arendt escribió que la política comienza donde termina el instinto de autoconservación, cuando el ser humano decide actuar en el espacio público aunque eso lo exponga. Los defensores ambientales encarnan esa definición con una literalidad que ningún filósofo de gabinete podría imaginar. No actúan desde la comodidad de la academia ni desde la tribuna protegida del poder. Actúan desde la orilla de un río contaminado, desde la asamblea comunitaria amenazada, desde el kilómetro cero del colapso ecológico.

Bruno Latour nos enseñó que la naturaleza nunca estuvo fuera de la política: siempre fue un actor, una fuerza que negocia, que irrumpe, que tiene voz aunque no tenga voto. Pero esa voz necesita traductores. Los defensores ambientales son, en el sentido más latouriano del término, los portavoces de lo no humano en la arena pública: traducen el llanto del bosque en un expediente administrativo, convierten la agonía de un acuífero en una acción de amparo, transforman la memoria del territorio en resistencia jurídica.

El problema es que el sistema que debería protegerlos con frecuencia los trata como amenazas.

Según Global Witness, América Latina concentra la mayor cantidad de defensores asesinados en el mundo. Perú, Brasil, Colombia, México: la geografía del crimen sigue el mapa de los recursos naturales. Donde hay litio, hay muerte. Donde hay agua, hay miedo. Donde hay bosque, hay silencio impuesto. Esta correlación no es casualidad: es la firma de un modelo extractivista que no puede sostenerse si los territorios tienen voz Reconocer el trabajo de los defensores ambientales no es un gesto sentimental. Es un acto de ontología política: significa aceptar que la tierra tiene intereses legítimos que merecen representación, y que quienes arriesgan su vida para garantizarla ejercen una función pública que el Estado debería tutelar con la misma seriedad con que protege a sus propios funcionarios.

No basta con las declaraciones solemnes en los COP. No basta con los marcos normativos que se redactan en Ginebra y no llegan a las comunidades awajún del Marañón ni a los pueblos zapotecas del Istmo de Tehuantepec. Lo que hace falta es algo más difícil y más urgente: voluntad política real para que defender el planeta no sea un acto suicida, sino un derecho garantizado.

Mientras eso no ocurra, cada árbol que permanece en pie, cada río que no termina convertido en cloaca, cada comunidad que resiste el despojo, tiene nombre. Tiene el nombre de alguien que decidió, contra todo cálculo racional de supervivencia, quedarse y hablar.

Eso es lo que los filósofos llaman coraje civil. Eso es lo que el derecho debería llamar, sin más rodeos, heroísmo institucionalizado.

Y nosotros, desde estas páginas, tenemos la obligación mínima de nombrarlo. Gracias por leerme.

(*) Abogada Constitucionalista / profesora universitaria