El termómetro no está cerca. Durante los últimos años, nuestro planeta ha experimentado los veranos más calurosos de los que se tiene registro. Los glaciares se derriten a un ritmo alarmante, los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes y regiones enteras enfrentan sequías devastadoras. Lo que alguna vez fue advertencia de científicos se ha convertido en nuestra realidad cotidiana: el cambio climático ya no es una amenaza lejana, sino una crisis presente. Hace apenas unas décadas, hubiera resultado impensable que la actividad humana pudiera alterar algo tan vasto como el clima global. Sin embargo, la evidencia científica es contundente. La concentración de dióxido de carbono en nuestra atmósfera ha aumentado de 280 partes por millón en la era preindustrial a más de 420 en la actualidad, un nivel sin precedentes en los últimos 800.000 años. Este aumento, provocado principalmente por la quema de combustibles fósiles, la deforestación y los procesos industriales, ha desencadenado un incremento de 1,1°C en la temperatura media global. Puede parecer un cambio pequeño, pero sus consecuencias son enormes. El último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) no deja lugar a dudas: si no actuamos con decisión, nos dirigimos hacia un calentamiento de 2,7°C para finales de este siglo, muy por encima del límite de 1,5°C que los científicos consideran «seguro». ¿Qué significa esto en términos concretos? Ciudades costeras sumergidas parcialmente, crisis alimentarias recurrentes, migración masiva, colapso de ecosistemas esenciales y pérdida irreversible de biodiversidad. No es catastrofismo; es lo que nos dice la mejor ciencia disponible.
Sin embargo, a diferencia de otras crisis globales, conocemos tanto las causas como las soluciones al cambio climático. El desafío no es tecnológico ni científico, sino político y social Este cambio debe ser inclusivo. La justicia climática no es una consideración secundaria, sino un imperativo ético. Los países y comunidades que menos han contribuido históricamente al problema son, paradójicamente, los más vulnerables a sus efectos. Una transición justa debe reconocer estas desigualdades y garantizar que los costos y beneficios de la acción climática se distribuyan equitativamente. En el plano individual, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Nuestras decisiones cotidianas sobre alimentación, transporte, consumo y ahorro pueden parecer insignificantes, pero su impacto acumulativo es considerable. El cambio sistémico requiere acción política decidida. Necesitamos líderes que estén a la altura del desafío, que implementen políticas ambiciosas como la fijación de precios al carbono, la eliminación de subsidios a combustibles fósiles y la inversión masiva en infraestructura verde y adaptación climática. Este es el momento de la verdad para nuestra generación. Las decisiones que tomemos en los próximos años determinarán el destino de innumerables generaciones futuras. ¿Qué historia queremos que cuenten nuestros hijos sobre nosotros? ¿Seremos la generación que, conociendo la magnitud del problema, eligió la inacción? ¿O seremos recordados como quienes enfrentaron el mayor desafío de nuestro tiempo con valentía, creatividad y solidaridad? La ciencia es clara. Las soluciones están disponibles. Lo que se necesita ahora es voluntad política y acción colectiva. El cambio climático es la prueba definitiva de nuestra capacidad para cooperar como especie. Gracias por leerme
(*) Abogada Constitucionalista




