Por Juan Sotomayor
Esta será una semana clave para el proceso de elecciones regionales y municipales. El papel protagónico lo tendrá el Jurado Nacional de Elecciones, a quien le corresponde atender decenas de recursos de apelación por tachas provenientes de todo el país, las mismas que deberán ser resueltas en tiempos sumamente cortos.
Según el Cronograma Electoral aprobado por el propio JNE, el miércoles 8 de agosto vence el plazo para publicar las listas admitidas, así como la fecha límite para el retiro de listas o renuncias de candidatos. El 7 de setiembre vencerá el plazo para la exclusión de candidatos y a partir de ahí se tendrá la relación definitiva de participantes en el proceso.
Mientras estos plazos avanzan inexorablemente y las agrupaciones políticas continúan con sus campañas proselitistas, las decisiones que adopte el JNE podrían ser determinantes para definir el futuro de diversas jurisdicciones en las que se ventilan tachas y exclusiones.
Por su parte, los electores se aprestan a tomar una decisión trascendental para el país. Y en este aspecto, el JNE también realiza esfuerzos por entregar a la ciudadanía información útil, como la que pone a disposición en la plataforma Voto Informado, herramienta tecnológica que permite comparar planes de gobierno y hojas de vida de candidatos a una misma jurisdicción, con datos importantes referidos a experiencia laboral, formación académica, cargos partidarios, relación de sentencias e información de bienes y rentas de los candidatos.
Siendo una herramienta poco conocida, es necesario difundirla para su máximo aprovechamiento. Mientras más posibilidades haya de conocer a los candidatos, mucho mejor. Así, las tecnologías de la información se ponen al servicio de la ciudadanía y la educación cívica electoral.
A propósito, si bien es cierto, la ley no prohíbe la postulación de candidatos con procesos penales en trámite que aún no tienen sentencia y no es obligatoria la declaración de estos datos en las hojas de vida, sería importante que esta información también esté al alcance de la ciudadanía, especialmente para casos de enriquecimiento ilícito y millonarias deudas con acreedores. En los tiempos actuales, sería una necesaria muestra de transparencia y una gran ayuda para evitar desagradables sorpresas.
