Quien postule para ocupar la gerencia general de un banco debe tener, cuanto menos, un plan eficiente que asegure la buena marcha y crecimiento de la entidad financiera. Si, una vez en el cargo, comete error tras error y confiesa que jamás estuvo apto para el puesto ¿podría alguien cuestionar su inmediato despido?
Curiosamente en nuestro país existe un sector interesado en perdonar la osadía y el engaño que cometió Pedro Castillo al postular a la presidencia de la república sin tener preparación para el puesto ni la más peregrina idea de qué hacer en la conducción del país.
De acuerdo a la última confesión de Pedro Castillo, él afirma expresamente no estar apto ni capacitado para asumir la presidencia. Inmediatamente, millones de peruanos hemos experimentado un estado de indefensión colectiva al saber que el capitán del barco no sabe nadar. Es más -y a riesgo de la seguridad nacional y el progreso de millones- el de palacio de gobierno también sostuvo que el despacho presidencial es su escuela y espacio de aprendizaje permanente. Amenazando, incluso, con que la presidencia seguirá siendo su escuela hasta concluir mandato.
A tal revelación, podemos sumarle los indicios de corrupción consabidos: la injerencia en los ascensos en el ejército, las furtivas reuniones en el pasaje Sarratea, las reuniones en Palacio con el presidente de Petroperú y empresarios-proveedores inmediatamente beneficiados, la reciente denuncia sobre la venta de ascensos en la policía nacional. Son destapes contundentes que en cualquier parte del mundo ya habrían generado la suspensión, renuncia o vacancia presidencial.
Pero lo más grave es que se reveló la intención de otorgar una salida al mar el vecino Bolivia, bajo la premisa: «si el pueblo así lo desea». Qué duda cabe que se trataría de un severo atentado contra la soberanía nacional que muchos denuncian como delito de traición a la patria. Delito que sería perpetrado desde el interior de palacio y en clara intención de pago de favores a Evo Morales y en fiel cumplimiento de los lineamientos del Grupo de Puebla que hoy abraza el régimen.
Llevar a «consulta popular» la renuncia a parte de nuestro mar, con un JNE y una ONPE cuestionado por corrupción y que no ofrecen ninguna garantía de transparencia, nos hace pensar que tal «consulta» favorecerá, irrefutablemente, al vecino país de Bolivia. El siquiera insinuar la cesión de una parte del mar peruano, transgrede abiertamente el derecho a nuestra soberanía nacional pudiendo configurarse el delito de traición a la patria y demás vulneraciones dispuestas en la Carta Magna nacional.
A estas alturas, es válido volver a preguntarnos: ¿qué sucede con el Congreso de la República? Solo alrededor de dos bancadas en el parlamento han mostrado posición firme frente a las afrentas del régimen Castillo, intentando generar equilibrio de poder. No obstante, en la reiterada insuficiencia, esto ha quedado para la estadística.
La degradación de la moral nacional en torno a los habituales hechos de corrupción y el posible atentado contra nuestra soberanía exigen la inmediata acción del parlamento para encontrar consenso y las salidas constitucionales que redirijan el rumbo nacional. Su deber es la defensa de la patria y el Perú reclama acciones concretas.
