Medida incluye al desaparecido Jorge Santistevan de Noriega
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
La frustrada adhesión del Perú a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) aún no es un capítulo cerrado para un grupo de ciudadanos, quienes sospechosamente han denunciado a los miembros de la Comisión Consultiva de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que en el año 2005 elevó un documento a favor de la adhesión ante el Parlamento.
Se trató de un grupo conformado por el exsecretario de las Naciones Unidas Javier Pérez de Cuellar, entre otros entendidos en materia de Relaciones Exteriores. Ellos elevaron el 5 de julio del 2005 un documento que fue objeto de debate en el Parlamento, donde finalmente se votó en mayoría por la no sujeción a la Convemar.
LA RAZÓN sin embargo tuvo acceso a una denuncia penal de reciente data, en la que el propio Pérez de Cuellar figura como denunciado por estas acciones junto a los excancilleres Javier Arias Stella y Eduardo Ferrero Costa; la exmagistrada Delia Revoredo de Mur; el abogado Ignacio Basombrío Zender; el filósofo y periodista Francisco Miro Quesada Cantuarias; el jurista Roberto Mac Lean Ugarteche; el exministro Roberto Chiabra y hasta el desaparecido Jorge Santistevan de Noriega, primer Defensor del Pueblo.
Llama la atención que, 13 años después del trabajo desempeñado en dicha Comisión Consultiva, aparezca esta denuncia penal contra los mencionados personajes como presuntos autores del Delito contra el Estado y la Defensa Nacional – Atentando contra la Seguridad Nacional y Traición a la Patria.
Aparecen como denunciantes los ciudadanos Luis Isaías Medina Sosa, Frank Benito Farías Valverde, Román Oroya Inga y Óscar Leonardo Canessa Chicoma, quienes aseguran en el mencionado documento que las recomendaciones de la Comisión Consultiva atentaban contra la soberanía y la jurisdicción del Estado Peruano sobre las 200 millas peruanas.
En ese sentido sostienen que el Congreso, “con un alto sentido de patriotismo”, finalmente no aprobó esto al advertir que la moción de la Comisión Consultiva, elevada el 5 de julio del 2005, era perjudicial para los intereses nacionales y que era inconstitucional la aprobación de este proyecto de ley.
“Ante esa negativa de parte del pleno de congresistas, los denunciados insistieron en que este proyecto debería ser aprobado, a sabiendas que esta aprobación vulneraría los intereses del Estado peruano en cuanto a su soberanía y jurisdicción del mar territorial”, señalan en el documento que sustenta su denuncia.
Agregan que los puntos 2 y 3 de la Declaración Consultiva de Relaciones Exteriores del año 2005 se expresa que la Convención del Mar es compatible con nuestra Constitución, pero que en realidad esta perjudica nuestra soberanía nacional porque el Perú solo tendría dominio sobre las primeras 12 millas y ya no sobre las 200 que establece la Carta Magna. “Se entregaría la riqueza ictiológica para ser explotada por las transnacionales más poderosas y el Perú no tenía soberanía”, se lee en la denuncia penal.
Cabe señalar que en ese momento algunas voces especializadas señalaban que, de adherirse el Perú a la Convención del Mar, este tendría una mejor posición a la hora de negociar con Chile la frontera marítima.
Tres años después, en el 2008, el Perú presentó oficialmente la demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ente que emitió su sentencia para este diferendo el 27 de enero del 2014.
