La demanda fue interpuesta por la magistrada Delia Espinoza Valenzuela
La magistrada Delia Espinoza Valenzuela, quien fue designada como Fiscal Suprema Titular por la Junta Nacional de Justicia a finales del año pasado, ha presentado una solicitud de amparo contra la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, encabezada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas.
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Esta solicitud de amparo se debe a la continua negativa por parte de la Junta de Fiscales Supremos para considerar las peticiones de Delia Espinoza de regresar al Ministerio Público, a pesar de que su nombramiento como representante ante el Jurado Nacional de Elecciones se basó en argumentos que se consideran no solo arbitrarios, sino también en el uso de documentación claramente ilegal.
Los eventos se remontan al 3 de noviembre del año pasado, cuando se llevó a cabo una reunión ordinaria de la Junta de Fiscales Supremos a la que se invitó a Delia Espinoza, quien había sido nombrada un día antes por la Junta Nacional de Justicia.
Se ha señalado que esta invitación se realizó de manera informal a través de comunicación por WhatsApp, sin proporcionar detalles sobre la agenda a tratar ni los documentos de respaldo pertinentes.
En este sentido, la Junta de Fiscales Supremos le asigna su nombramiento en dicho órgano constitucional independiente, transfiriendo efectivamente el control del Ministerio Público y la ejecución de la función fiscal para la cual fue seleccionada por la Junta Nacional de Justicia.
La solicitud de amparo argumenta que alrededor del 3 de noviembre de 2022, al menos había una posición presupuestaria disponible en la que la magistrada Delia Espinoza podría haber sido asignada.
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Esta posición era la de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que hasta el 30 de junio de 2022 había sido ocupada por Patricia Benavides Vargas, quien fue elegida Fiscal de la Nación en esa fecha.
Igualmente, alrededor del 22 de junio de 2023, la jueza Delia Espinoza volvió a solicitar su inclusión en la Junta de Fiscales Supremos después de que se detectara una vez más una vacante, esta vez en la Segunda Fiscalía Suprema, dejada por Zoraida Ávalos Rivera, quien fue inhabilitada por el Congreso por un período de cinco años para ejercer funciones públicas.
Sin embargo, la Junta de Fiscales Supremos rechazó nuevamente la solicitud de la magistrada Delia Espinoza, argumentando que el pedido de pago de remuneraciones de Ávalos Rivera estaba en proceso.
Según el Código Procesal Constitucional actual, la demanda constitucional de amparo debe ser aceptada y resuelta en un plazo de 30 días.
