El proyecto de ley también sancionará a empresas que intenten operar bajo otro nombre, asegurando un mercado más justo para inversionistas honestos.
La presidenta Dina Boluarte anunció un ambicioso proyecto de ley que busca expulsar definitivamente a empresas extranjeras involucradas en actos de corrupción, impidiéndoles operar en el Perú bajo cualquier nombre o maniobra legal.
La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), también incluirá sanciones para empresas nacionales corruptas, reforzando la lucha contra este flagelo.
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“En este gobierno, la corrupción no se perdona, se castiga con energía”, afirmó Boluarte durante su anuncio.
La mandataria subrayó que esta medida beneficiará a empresas honestas que compiten en igualdad de condiciones, ya que muchas han perdido oportunidades frente a compañías que obtuvieron licitaciones de manera fraudulenta.
El proyecto busca cerrar las puertas a empresas que intenten reingresar al mercado peruano bajo nuevas identidades o estructuras legales.
“El tiempo de la corrupción en el Perú tiene que terminar”, enfatizó Boluarte, destacando que esta iniciativa representa un paso crucial para limpiar el sector empresarial y promover un clima de inversión más transparente.
Además de este anuncio, la presidenta destacó los avances en educación durante su gestión, con la construcción de 47 centros educativos, incluyendo 31 Escuelas Bicentenario y tres Colegios de Alto Rendimiento (COAR) en Áncash, Tacna y Moquegua.
Estos proyectos benefician a más de 50,000 estudiantes y representan una inversión significativa en el futuro del país.
En materia de seguridad educativa, Boluarte informó que se han expulsado a 780 docentes y administrativos con antecedentes graves, como acoso, violencia y promoción de ideologías terroristas.
“Hemos limpiado las aulas de elementos que ponían en riesgo a nuestros estudiantes”, afirmó, reforzando su compromiso con la integridad en el sistema educativo.
Con estas medidas, el gobierno de Boluarte busca sentar un precedente en la lucha contra la corrupción y la mejora de la calidad educativa, demostrando que la transparencia y la justicia son pilares fundamentales de su administración.
