Pedido fue presentado ante la OCMA y ODECMA Lima Este
Ante las publicaciones realizadas en el diario La Razón contra el juez supernumerario Juan Pedro Guerra Mescua del Juzgado Civil Transitorio de Lurigancho – Chosica y Chaclacayo, por otorgar una medida cautelar, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, Rose Mary Parra Rivera de González, solicitó a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA Lima Este) realizar las acciones conforme a su competencia.
Su despacho indicó que el magistrado en mención viene ejerciendo el cargo de juez supernumerario, desde el 01 de marzo de 2021, designado por la Resolución Administrativa N° 000477-2021-P-CSJLE-PJ, no existiendo ninguna resolución de la presidenta Rose Mary Parra Rivera de González que avale su permanencia como erróneamente se mencionó.
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Asimismo, aclara que, hasta la fecha de la publicación de la citada noticia, la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Este no tuvo conocimiento ni comunicación de los hechos en mención.
“No obstante, la presidenta (Rose Mary Parra Rivera de González) manifestó su profunda preocupación y rechazo por cualquier acto de corrupción que pudiera existir, debiendo ser denunciado ante los órganos de control para su investigación”, señaló en un pronunciamiento.
“En aras de la transparencia, es política de la Presidencia realizar una gestión de puertas abiertas a todas las personas e instituciones que lo requieran, precisando que no se ha tenido ningún pedido respecto a los hechos denunciados, por lo que exhortamos a los medios de comunicación que realicen publicaciones con afirmaciones exactas, a fin de no perjudicar la imagen de la Corte Superior de Justicia de Lima Este y de quien la preside”, indicó.
EL CASO
El juez provisional del Juzgado Civil Transitorio de Lurigancho y Chaclacayo, Pedro Juan Guerra Mescua afronta una grave acusación de presuntos actos de corrupción realizada por los acreedores laborales de Agropucalá, José Patricio Burga Peralta y Roberto Carlos Cabrejos Alarcón.
Se le cuestiona por haber admitido con inusitada celeridad una demanda de amparo y otorgar una medida cautelar que benefician al cuestionado abogado Edmundo Gálvez Rodríguez, en la disputa por la administración de la azucarera Agropucalá SAA de Lambayeque, sin ser competente para conocer el proceso.
