El mandatario Yoon Suk Yeol, señalado por declarar una breve ley marcial, enfrenta una profunda crisis institucional en medio de tensiones políticas y sociales.
El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, de 63 años, ha sido impedido de salir del país tras una orden del Ministerio de Justicia. La medida, confirmada por el responsable de inmigración Bae Sang-up, responde a los recientes eventos que han puesto al país en el centro de una tormenta política.
El pasado 3 de diciembre, Yoon decretó una controvertida ley marcial que incluyó el envío de fuerzas especiales y helicópteros al Parlamento. La acción, considerada por muchos como un intento de socavar el mando civil, provocó una fuerte reacción legislativa. Pese al bloqueo militar inicial, los parlamentarios lograron anular la medida en menos de seis horas, obligando al presidente a retroceder.
La oposición no tardó en criticar duramente al gobierno. Park Chan-dae, líder del Partido Democrático, calificó las acciones del presidente y su partido como un “segundo golpe de Estado” y exigió su inmediata renuncia. Según Park, permitir que Yoon siga en el cargo, aunque delegue sus poderes al primer ministro, representa una violación flagrante de la Constitución surcoreana.
Lee también:
El descontento no se limitó al ámbito político. Decenas de miles de ciudadanos tomaron las calles exigiendo la dimisión del presidente, quien ya enfrentaba niveles históricamente bajos de aprobación. La crisis ha desatado investigaciones que incluyen el interrogatorio de altos mandos militares y funcionarios vinculados a la breve implementación de la ley marcial. El exministro de Defensa ha sido detenido, mientras que otros altos cargos enfrentan restricciones de viaje.
En tanto, la policía surcoreana no descarta citar a Yoon Suk Yeol para declarar en las próximas semanas. Según Woo Jong-soo, jefe de la Agencia Nacional de Policía, “no hay límites para las investigaciones” en este caso, subrayando la magnitud del conflicto.
Este episodio, marcado por acusaciones de abuso de poder e intentos de perpetuar el mandato presidencial, deja a Corea del Sur en una delicada encrucijada política, mientras crecen las demandas por un juicio político y una transición de liderazgo.