El mandatario peruano expresó su preocupación por la política migratoria del gobierno chileno y señaló que las deportaciones requieren coordinación internacional para poder ejecutarse.

El presidente del Perú cuestionó la reciente decisión del gobierno de Chile de impulsar la expulsión de migrantes en situación irregular, al advertir que este tipo de medidas no pueden concretarse sin la existencia de un país dispuesto a recibir a las personas deportadas.

Durante declaraciones públicas, el jefe de Estado sostuvo que cualquier proceso de expulsión masiva enfrenta limitaciones prácticas y legales si no se cuenta con acuerdos bilaterales o mecanismos de coordinación internacional. En ese sentido, remarcó que “no se va a poder ejecutar” una política de este tipo sin garantizar previamente el destino de los migrantes.

El pronunciamiento se produce en medio de la implementación de un plan migratorio por parte del gobierno chileno, que incluye vuelos y traslados terrestres para expulsar a ciudadanos extranjeros en situación irregular. Esta estrategia forma parte de un endurecimiento del control fronterizo impulsado por la administración de José Antonio Kast.

Sin embargo, especialistas y autoridades han advertido que uno de los principales obstáculos para estas medidas es la falta de coordinación con los países de origen de los migrantes. En algunos casos, incluso la ausencia de relaciones diplomáticas complica los procesos de retorno, lo que limita la efectividad de las expulsiones.

El mandatario peruano también hizo énfasis en la necesidad de abordar el fenómeno migratorio desde una perspectiva regional, promoviendo soluciones conjuntas que eviten generar mayores tensiones en las fronteras. En esa línea, reiteró que el Perú no permitirá ingresos irregulares como consecuencia de decisiones adoptadas por otros países.

La situación ha generado preocupación en la zona sur del país, especialmente en la región de Tacna, donde ya se han implementado medidas de control y vigilancia ante el posible incremento del flujo migratorio. El Gobierno peruano incluso declaró el estado de emergencia en distritos fronterizos para reforzar la seguridad y prevenir delitos asociados a la migración irregular.

El debate sobre las expulsiones en Chile se da en un contexto regional complejo, marcado por el aumento de la migración irregular y la presión sobre los sistemas de control fronterizo. En ese escenario, la postura del Perú apunta a la necesidad de soluciones coordinadas que garanticen tanto la seguridad como el respeto a los derechos humanos.