Aparecen cuestionamientos al estilo de Jerí

 

El presidente interino José María Balcázar se encuentra en el centro de cuestionamientos tras revelarse que impulsó una ley que terminó beneficiando directamente a su hijo, el abogado José Balcázar Quiroz, y que además lo propuso para un cargo en el Congreso sin informar sobre el parentesco.

Según un informe difundido, la norma fue promovida desde la etapa en que Balcázar presidía la Comisión de Educación del Parlamento.

La Ley 3217-1 autorizó de manera excepcional el nombramiento de docentes contratados como profesor auxiliar y profesor asociado sin concurso público, lo que permitió que su hijo accediera a una plaza a tiempo completo en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde ambos desarrollaron su carrera académica.

Antes de la aprobación de la ley, Balcázar Quiroz tenía contratos temporales y su postulación había sido observada en 2020 por no cumplir requisitos de experiencia. La norma impulsada por su padre eliminó ese impedimento y facilitó su acceso a la plaza con requisitos mínimos.

El Ministerio de Economía y Finanzas transfirió cerca de cuatro millones de soles para cubrir nombramientos en doce universidades públicas, de los cuales más de un millón se destinó a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde ambos se formaron profesionalmente.

La relación entre padre e hijo también se trasladó al Parlamento. En septiembre de 2024, Balcázar propuso a su hijo como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, sin informar sobre el vínculo familiar, pese a que el Código de Ética Parlamentaria exige declarar estos casos.

El nombramiento se oficializó y actualmente el abogado figura como miembro del Consejo para el periodo 2025-2026.

Especialistas en educación y ética parlamentaria han señalado que la norma vulnera la meritocracia en la docencia universitaria y que el ocultamiento del parentesco constituye una falta grave de transparencia.

Como si fuera poco, un reciente reportaje reveló que Carla Bustíos Arteaga, exalumna del actual Jefe de Estado, obtuvo un contrato con el Estado por S/16.000 en agosto de 2021, apenas un día después de visitarlo en su despacho cuando se desempeñaba como congresista.

De acuerdo con el registro, Bustíos se reunió con el presidente Balcázar el 19 de agosto de 2021, entre las 12:06 y 12:38 horas, en el edificio Roberto Ramírez del Villar. Un día antes (18 de agosto) había inscrito su nombre en el Registro Nacional de Proveedores y, 24 horas después de la visita, recibió una orden de servicio por S/16 mil en el Programa Nacional de Saneamiento Rural.

El contrato estaba destinado para realizar labores administrativas legales, pese a que en ese momento Bustíos solo contaba con el grado académico de bachiller, un escenario y puesto bastante beneficioso para un profesional con dicho grado.

Posteriormente, en octubre de 2021, Bustíos ingresó al despacho de Balcázar y trabajó en la Comisión para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, presidida por el entonces congresista. Por esa labor percibió un sueldo superior a S/5.000 mensuales hasta abril de 2022.

La joven reconoció que visitó a Balcázar y que luego fue convocada para participar en la comisión, aunque negó que exista algún vínculo directo en su contratación o cualquier tipo de injerencia para beneficiarla por ser su exalumna.

El principal cuestionamiento que se ha formulado en el caso es la rapidez con la que fueron emitidas estas órdenes de servicio y más aún tratándose de alguien quien acababa de conseguir solo el grado de Bachiller. La abogada especialista en contrataciones públicas, Cecilia Ruíz, cuestionó también la rapidez del proceso.

«Nadie tiene tanta suerte de obtener el Registro Nacional de Proveedores el mismo día en que es contratada. Evidentemente, estamos ante indicios razonables por encontrar fechas muy peculiares», señaló la especialista.