Juzgado Supremo dictó orden de ubicación y captura a nivel nacional de Oscar Peña, más conocido como el «Rey de la Pesca Negra»
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó prisión preventiva por un plazo de 18 meses para Oscar Peña. Además, comparecencia e impedimento de salida para Luis Enrique Vidal y los jueces, Daniel Adriano Peirano y Fernando Ulises Salinas.
El empresario pesquero Oscar Peña, investigado por supuestos sobornos a exjueces del Callao, se encuentra prófugo de la justicia. Además, se le incluyó en el programa de recompensas. Esto por el delito de cohecho activo específico.
Peña es acusado de entregar supuestos beneficios económicos para obtener una medida cautelar. Según el juez Hugo Núñez Julca, la empresa LSA Enterprise Perú y Oscar Peña, se favorecieron de estos jueces a cambio de beneficios.
Esto permitiendo la continuidad de las actividades pesqueras de la embarcación «Doña Licha ll». Generando un estimado de pérdida para el Estado de s/ 66 millones durante la vigencia de la medida cautelar.
Según la versión de un colaborador eficaz, Peña ofreció 30 mil dólares a Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao, para la ampliación de dicha medida.
Para ello, Daniel Peirano, encargado de la Corte del Callao por las vacaciones de Walter Ríos, designó a Fernando Salinas Valverde como juez supernumerario del Tercer Juzgado Civil del Callao. Este fue quien emitió la resolución de extensión de la medida cautelar a favor de la empresa LSA Enterprise Perú.
Según el colaborador eficaz, Óscar Peña le manifestó a Ríos que podría pagar 30 mil dólares a Fernando Salinas para la emisión de la resolución favorable. También, que el dinero se entregó en dos tandas de quince mil dólares. Estas entregadas a Jhon Misha, chofer de Ríos, en las oficinas de LSA Enterprise en San Isidro.
Por último, el colaborador eficaz menciona que el periodista Luis Enrique Vidal, facilitó el encuentro entre Oscar Peña y Walter Ríos, en el restaurante Cabos del Callao, para el acuerdo de la extensión de la vigencia de la medida cautelar y los beneficios para los jueces.
La decisión se notificó en audiencia virtual por el juez Hugo Núñez con la fiscal Fany Quispe Farfán y los abogados de los investigados.
