Por Juan Sotomayor
La opinión pública sigue con sumo interés el pedido de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular. El rating de Justicia TV se ha elevado de manera impresionante y todos estamos al tanto de lo que pueda decidir el juez Concepción Carhuancho ante el pedido formulado por el fiscal José Domingo Pérez, quien hoy hasta club de fans tiene en las redes sociales. Sin darnos cuenta, el país está prácticamente paralizado frente al pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y lo cierto es que al momento de emitir una opinión sobre el tema, resulta muy complicado separar los criterios estrictamente legales de las simpatías políticas,
Como primera reflexión y llamado de atención, vale la pena anotar que en estos casos es donde más se debe cuidar la independencia del Poder Judicial, a todo nivel. Si resulta nefasta la influencia de otros poderes del Estado en la administración de justicia, mucho más negativo aún es que ésta dependa de la popularidad de los magistrados o de los vaivenes de la opinión pública. Además, la justicia no debería convertirse en instrumento de venganza y creo que hoy estamos corriendo esos riesgos.
Ante ello el papel del presidente Martín Vizcarra es vital para garantizar esa independencia y sobre todo para evitar distraernos de los temas que nos interesan a todos. En principio, sus acciones y declaraciones deben ser imparciales, alejadas de toda subjetividad e interés particular, sobre todo en los temas que más polémica generan. Si al asumir su mandato, el principal mérito fue poner los reflectores sobre los temas que afectan directamente a los peruanos: educación, salud, reconstrucción y seguridad; debería seguir en esa perspectiva, pase lo que pase.
El peor error que puede cometer es convertirse en protagonista de la tormenta policial y judicial que parece envolver a los líderes de la oposición. Por ello, en medio de la aparente parálisis que generan los procesos judiciales en marcha, el Presidente debe ir contra la corriente y convertirse en un elemento dinamizador de las acciones gubernamentales que no deben detenerse por ningún motivo. Que sigan los procesos judiciales y las decisiones se tomen con total independencia y rectitud de criterio, pero que las obras y el progreso no se detengan.
