Ministro de Justicia se lava las manos y asegura que no puede ejercer influencia en labor de procuradores
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, acudió al Congreso para responder el pliego de interpelación que se aprobó en su contra por la firma del acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público, la procuraduría ad hoc y Odebrecht.
Durante su exposición, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recordó que también es titular del Consejo de Defensa Jurídica del Estado pero que, como tal, no puede influir en al labor de los procuradores como el encargado del caso Odebrecht, Jorge Ramírez.
«Los procuradores públicos son autónomos en el ejercicio de sus funciones […] Si bien existe una relación funcional con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, no existe dependencia funcional que admita injerencia […] No puede entrometerse en las actuaciones procesales de los procuradores», manifestó.
Vicente Zeballos añadió: «No puedo ni debo ejercer injerencia, condicionamiento o influencia sobre la estrategia que siguen los procuradores».
Sobre los montos de la reparación civil que se ha tomado en cuenta en el documento de colaboración eficaz con Odebrecht, Vicente Zeballos recordó que fue el Ministerio Público el que detalló que son cuatro proyectos por los cuales se ha calculado un pago de S/610 millones.
En ese sentido, recordó que no puede responder sobre aspectos que hayan sido considerados en el preacuerdo que se logró entre el Ministerio Público y Odebrecht, así como en el documento final que fue suscrito en Brasil el 15 de febrero último.
Lo que sí precisó es que esta cifra de reparación civil no implica ninguna «reducción» a algún cálculo previo hecho por Jorge Ramírez. En el pliego de interpelación, se consideraron unas declaraciones que hiciera el procurador ad hoc en el cual habló de una reparación de 3.468 millones de soles.
«La estimación del monto antes señalado se refería a la eventual reparación civil solidaria de Odebrecht y las demás empresas involucradas. Por el contrario, la estimación del monto de la reparación civil materia de la presente interpelación se realizó dentro de los alcances de la ley 30737 […] El nuevo marco normativo incide directamente en la diferencia advertida entre las estimaciones», manifestó.
En otro momento, dijo que «el presidente de la República de ningún modo y en ningún caso puede tener algún tipo de participación o capacidad de decisión sobre los procesos en marca».