Acusa a ‘lagarto’ de soborno en caso de vacunas chinas
La Procuradoría General del Estado ha presentado ante la Fiscalía una solicitud a fin de que ingrese el delito de cohecho activo transnacional dentro de las pesquisas que se realizan en contra del expresidente Martín Vizcarra Cornejo por el escándalo de las vacunaciones irregulares que se aplicaron durante la pandemia del coronavirus en el 2020, caso que es conocido como el Vacunagate.
La Procuradoría acusa a Vizcarra de cohecho (soborno), cuya pena es entre cinco a ocho años de cárcel, por presuntamente haber favorecido a la empresa china Sinopharm en la adquisición de las vacunas contra el coronavirus.
“Habría prometido de manera directa o indirecta a través de medios diplomáticos (funcionarios de la Embajada del Perú en China, funcionarios del Minsa y del Ministerio de Relaciones Exteriores), una posible ventaja o exclusividad”, señala la institución respecto a la responsabilidad del exmandatario en este asunto.
“Esto habría resultado en un beneficio propio del expresidente y de otras personas de su entorno, que sería la inoculación de las denominadas ‘vacunas de emergencia’”, agrega la denuncia de la Procuraduría.
En el pedido también se solicita que se incluya como autoras de este delito a la entonces jefa de EsSalud, Pilar Mazzetti, así como a Elizabeth Astete Rodríguez, exministra de Relaciones Exteriores; quienes también figuran como investigadas en el escándalo de las vacunaciones con Sinopharm de autoridades del Ejecutivo y un reducido grupo de la ciudadanía con el más alto acceso en el Minsa y la Cancillería.
Los otros ilícitos por los que la Fiscalía de la Nación denuncia a Vizcarra y a otros funcionarios involucran tráfico de influencias, colusión y cohecho. Además, desde el Congreso, ya se dictó una inhabilitación contra el ex jefe de Estado por este caso.
El exmandatario aún cuenta con el antejuicio político y, por ello, su investigación se encuentra en una fase preliminar.
El Parlamento tendría que levantarle el antejuicio solo si la Fiscalía presenta una denuncia constitucional contra el expresidente Vizcarra. De esta forma, la investigación preliminar pasaría a una etapa preliminar.
