Por el delito de concusión
La Procuraduría General del Estado solicitó el inicio de diligencias preliminares contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión, que se castiga con una pena privativa no menor de tres ni mayor de diez a años.
El requerimiento ocurre después de que se difundieran unos chats que evidencian que el legislador de Alianza para el Progreso (APP) cuenta con un grupo de troles encargados de salir en su defensa en las plataformas sociales.
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Sus propios trabajadores entregaban una cuota ‘voluntaria’ mensual para financiar publicidad, llamaban a las radios locales de Cusco, su región natal, para emitir opiniones a favor como si se trataran de ciudadanos, o empleaban horas de trabajo para borrar comentarios detractores, según el informe periodístico.
Previamente, Soto ratificó que no dimitirá, pese a las denuncias; y encaró a la prensa por exponer la cadena de acusaciones en su contra, que han decantado en una eventual moción de censura desde las bancadas de izquierda.
“Yo no voy a dejar el cargo por una renuncia voluntaria, como quisieran. Si tengo que dar un paso al costado, será porque quienes me han elegido deban tener argumentos suficientes y puedan hacerlo. La prensa limeña no quiere perder y me sigue dando duro, pero se equivocan conmigo porque poco o nada me interesa lo que digan”, dijo enfurecido en unos descargos difundidos por Canal N.
“Si tengo responsabilidad, se dirá en instancias judiciales, no en instancias parlamentarias. [Las denuncias] no van a decidir mi futuro como presidente del Congreso de la República. Duela a quien le duela, he sido ungido. Ya estoy casi un mes en el cargo. Si hay congresistas que quieren amparar la censura, respeto su decisión. Pero también que respeten la decisión de los congresistas [que se oponen]”, siguió.
