Procuraduría y deudos de víctimas de las protestas interrogarían a Dina Boluarte y Alberto Otarola
La Fiscalía de la Nación desistió del recurso de apelación contra la resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que declaró fundada en parte la tutela de derechos que formuló la Procuraduría General del Estado para participar en los interrogatorios a la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola por las muertes en protestas.
El desistimiento fue presentado el último lunes por el fiscal supremo provisional Helder Uriel Terán Dianderas, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, y sustentado este martes por la fiscal adjunta Silvia Sack Ramos en la audiencia pública.
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En la audiencia, Sack indicó que, en un inicio, se interpretó que las únicas partes autorizadas a intervenir en las declaraciones indagatorias en sede fiscal era el representante del Ministerio Público; sin embargo, señala, tuvo que haber prevalecido los derechos de las partes agraviadas, cuando no existe una prohibición expresa durante su participación en las diligencias en la etapa preparatoria.
“El proceso penal garantiza el ejercicio de hechos de información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito. La autoridad debe estar obligada a velar por su protección y a brindarle un trato conforme a su condición”, explicó la representante del Ministerio Público.
el juez supremo César San Martín, presidente de la Sala Suprema Penal Permanente, adelantó que la ejecutoria suprema que emitirá el colegiado que lidera se refirirá únicamente a cuestiones de forma, es decir, aceptarán el recurso de desestimiento y la resolución de primera instancia quedará firme al no existir una impugnación.
“No vamos a ir al fondo del asunto en atención al desistimiento y lo que acá se decida no va a significar bajo ningún concepto alguna afiliación a una u otra posición”, remarcó San Martín Castro.
