La Procuraduría General del Estado solicitó al Poder Judicial que la suspendida legisladora María Cordero Jon Tay pague la suma de 200 mil soles como reparación civil por un presunto recorte de sueldo a un trabajador de su despacho en el 2022.
Durante una audiencia virtual realizada este lunes 23 de septiembre, Luis Santiago, representante de la defensa legal de nuestro país estableció la responsabilidad civil extracontractual sobre este caso de la siguiente manera: 100 mil soles por daño a la imagen y 100 mil soles por daño a la institucionalidad al Estado peruano.
El letrado presentó esta propuesta inicial de reparación civil dentro de la solicitud que hizo para que la Procuraduría General del Estado se constituya como “actor civil” o “parte agraviada” en la investigación preparatoria que se le sigue la suspendida legisladora María Cordero como presunta autora del delito de concusión en agravio del estado a raíz de este caso.
Por su parte, la doctora Yeni Vicatoma, abogada de la María Cordero pidió que se rechace el pedido del representante de la Procuraduría General del Estado al sostener que no se presentó prueba documental, con pericias, que acrediten su pretensión económica de reparación civil, entre otros argumentos.
Tras escuchar a las partes, el juez supremo Juan Carlos Checkley anunció que notificará su decisión las partes dentro del plazo de ley.
Investigación
La suspendida legisladora María Cordero afronta una investigación preparatoria en el Ministerio Publico bajo mandato de comparecencia con restricciones por el presunto delito de concusión en agravio del estado por presuntamente haber obligado a un trabajador de su despacho congresal a entregarle el 50 por ciento de sus haberes entre los meses de marzo y agosto del 2022.
El fiscal de la Nación Interino, Juan Carlos Villena, formalizó está investigación preparatoria luego que el último 14 de marzo el Pleno del Congreso de la República aprobó suspender a María Cordero Jon Tay en su cargo de congresista y levantar su inmunidad parlamentaria a fin de que pueda afrontar este proceso.
No obstante, la Representación Nacional no aprobó la propuesta para que María Cordero Jon Tay sea inhabilitada por 10 de años para ejercer cargo público.
