En coordinación con directores de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú – MININTER, reafirman su compromiso de ejercer la defensa jurídica del Estado.
En el marco de la lucha contra el Crimen Organizado, la Procuraduría Pública Especializada ha fortalecido su trabajo en estrecha colaboración con las Direcciones Nacionales de Investigación Criminal y las autoridades policiales del país. En diversas reuniones estratégicas, con la participación del señor General PNP Marco Antonio Conde Cuellar, Jefe de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI), el General PNP Aldo Juan Ávila Novoa, Jefe de la Dirección de Investigación de Delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Inmigrantes; el General Gregorio Martin Villalon Trillo, Jefe de la Dirección de Medio Ambiente; el General Nilton Reynaldo Santos Villalta, Jefe de la Dirección de la Policía Fiscal; el General Juan Carlos Delgado Romero, Jefe de la Dirección de Seguridad de Estado; el Coronel PNP Harvey Julio Colchado Huamaní, Jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC); el Coronel PNP Víctor Rolando Morales Aguayo, Jefe del Departamento de Apoyo Técnico Judicial de la DIRANDRO y el Procurador Especializado contra el Crimen Organizado, el doctor Moisés Vega de la Cruz; se han establecido estrategias para hacer frente al aumento de la criminalidad organizada en diversos ámbitos delictivos como la trata de personas, delitos financieros y cibernéticos, así como la ejecución de mega operativos, entre otros.
Con el fin de implementar acciones concretas para combatir el Crimen Organizado y mejorar la defensa jurídica del Estado, se ha coordinado estrechamente con los generales y coroneles de las diferentes direcciones del Ministerio del Interior. Esta colaboración ha permitido la emisión de informes económicos, la ejecución de acciones legales para proteger los intereses del Estado, garantizando un correcto orden técnico-legal y una comunicación fluida entre las acciones policiales y legales en las investigaciones a nivel nacional.
Con estas medidas, la Procuraduría Pública Especializada contra el Crimen Organizado reafirma su compromiso de proteger los intereses del Estado y trabajar en favor de la seguridad ciudadana.
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