En esta investigación de caso de pruebas rápidas para la covid-19 integrarían también exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, y los exministros de Salud, María Hinostroza y Víctor Zamora.
La Procuraduría General del Estado ha solicitado a la Fiscalía de la Nación la reapertura de la investigación preliminar seguida al expresidente Martín Vizcarra y otros por una supuesta concertación con empresas particulares para la adquisición de pruebas rápidas para el diagnóstico de la COVID-19 y la emisión de normas para poder incluirlas dentro de la política de salud del Estado.
Adquisición de pruebas rápidas para la COVID-19
La defensa legal del Estado informó que el último 14 de junio pidió a la Fiscalía de la Nación que realice un reexamen del caso en atención a nueve elementos de convicción relacionados a la adquisición de pruebas rápidas para la COVID-19.
La solicitud de la Procuraduría deberá ser evaluada por la Fiscalía a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.
Además, la Procuraduría también solicitó la reapertura de la investigación contra la exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, y los exministros de Salud, María Hinostroza y Víctor Zamora, quienes se encontraban comprendidos dentro de esta investigación preliminar.
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El magistrado determinó «no haber mérito» para formular una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el exmandatario y sus exministros de Estado por el presunto delito de colusión simple y alternativamente por el cargo de negociación incompatible en agravio del Estado.
Villena Campana precisó que al no haberse verificado la concurrencia de elementos constitutivos de los tipos penales invocados, corresponde al Ministerio Público señalar que no hay mérito para formular denuncia constitucional contra estos altos funcionarios investigados y por ende disponer el archivo definitivo de este caso.
La investigación se centró en la supuesta concertación entre el gobierno y empresas particulares para la adquisición de pruebas rápidas para la COVID-19, lo que generó sospechas de corrupción y abuso de poder.
