El proyecto busca reducir costos en el sistema penitenciario y reforzar la seguridad pública.
Miguel Ciccia, congresista de Renovación Popular, propuso un nuevo proyecto de ley para modificar el Decreto Legislativo 1350 de Migraciones. El objetivo de expulsar a los extranjeros que sean detenidos en flagrancia mientras cometen ciertos delitos. La propuesta, contenida en el proyecto de ley 10087, pretende ampliar las causas de expulsión de los extranjeros en el país, incluyendo aquellos detenidos por delitos contra el patrimonio, la seguridad pública, el orden económico, la fe pública, el Estado, la defensa nacional, los derechos humanos, y delitos ambientales y tributarios.
Actualmente, la legislación vigente contempla como motivo de expulsión a los extranjeros que cometan actos que afecten el orden público, la seguridad interna o la seguridad nacional. Sin embargo, el nuevo proyecto de ley amplía esta definición, permitiendo la expulsión inmediata de aquellos extranjeros involucrados en delitos más específicos. Esta medida busca evitar que los extranjeros permanezcan en prisión mientras se resuelven sus casos, lo que implicaría un ahorro considerable para el Estado.
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Según el análisis presentado en el proyecto de ley, el Estado peruano incurre en un gasto mensual significativo por cada persona detenida en los centros penitenciarios, con costos que oscilan entre S/900 y S/1,000. Esto representa un gasto anual de entre S/10,800 y S/12,000 por cada interno. Además, un informe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) revela que el 5% de la población penitenciaria está compuesta por extranjeros, con la mayoría de ellos involucrados en delitos contra el patrimonio, como robos y hurtos, y una porción significativa detenida por tráfico ilícito de drogas.
La propuesta también resalta los beneficios económicos derivados de la expulsión de los extranjeros detenidos en flagrancia, ya que esta medida reduciría el gasto estatal asociado a su encarcelamiento y permitiría un uso más eficiente de los recursos públicos. La iniciativa de Ciccia se presenta como una estrategia para abordar tanto la sobrepoblación penitenciaria como el aumento de delitos cometidos por extranjeros en el país.
