La ceremonia por el 31° aniversario de la Policía Nacional que se realizaba en Chiclayo con presencia de las principales autoridades regionales, se vio empañada por la enérgica protesta de los trabajadores de la empresa Agropucalá, quienes irrumpieron la ceremonia protocolar para protestar contra de las presuntas irregularidades que vendría cometiendo el Gral. Julio Díaz Zulueta en relación al caso de la azucarera.
Cientos de trabajadores portando ataúdes llegaron hasta la cuadra 1 de la Av. Balta donde se realizaba la ceremonia, para exigir que el Jefe Policial que cumpla con brindar las garantías necesarias para la reinstalación de la administración judicial de la empresa, y restablezca la paz y el orden público en la localidad de Pucala.
Los indignados trabajadores, denunciaron ante la prensa la existencia de una presunta colusión entre las máximas autoridades policiales de la Región y grupos armados que mantienen la posesión ilegal de la empresa, pues según manifestaron, existe más de un informe policial reportando la existencia de elementos subversivos y armamento de largo alcance dentro de la empresa, y a pesar de ello, la policía no ha intervenido hasta fecha.
El miércoles último dos bandos armados se enfrentaron a balazos por la posesión de la azucarera, dejando como saldo una persona muerta, una en estado critico, y cuatro más con heridas de bala; sin embargo, hasta el momento la policía no realiza ninguna acción para desalojar a los individuos armados, ni para llevar a cabo la diligencia judicial de reinstalación de la administración legal de la empresa, con la que se pondría fin a todos estos enfrentamientos.
Los enardecidos trabajadores cuestionaron que en agosto de este año el Jefe de la II Macro Región Policial, Julio Díaz Zulueta haya destinado más de 500 efectivos policiales para instalar al ex administrador judicial Jorge Atoche Pacherres, a solo 4 días de su designación; mientras que actualmente va transcurriendo cerca de un mes desde que el Poder Judicial le ordenó brindar garantías para la reinstalación de la administración legal de la empresa conformada por las CPC Yolanda Pérez Arrascue y Consuelo Ventura Zapata, sin que se cumpla con otorgar las garantías respectivas.
Por tal razón, los protestantes responsabilizaron al general PNP de los hechos de violencia y muertes que vienen presentándose y anunciaron que trasladaran sus reclamos y protestas al despacho del Ministro del Interior en la ciudad de Lima, hasta que se adopten medidas efectivas para restablecer la legalidad en la empresa, y para que se desarticulen los grupos armados que operan impunemente al interior de la empresa.
A la ceremonia asistieron el Gobernador Regional, el Presidente de la Junta de Fiscales, la Prefecta Regional, el alcalde de Chiclayo, entre otras autoridades que presenciaron el bochornoso incidente y prefirieron no dar declaraciones a la prensa al respecto.
A la fecha más de 2,300 trabajadores de Agropucalá no pueden cobrar sus remuneraciones por que la empresa se encuentra invadida, lo que afecta directamente la economía y tranquilidad social de Pucalá, Patapo y localidades aledañas.
