TC emitirá sentencia sobre ley de equivalencia
El Tribunal Constitucional definirá la próxima semana la constitucionalidad de la Ley de Equivalencia, que hace justicia a cerca de 100 mil pensionistas de las Fuerzas Armadas, quienes gracias a la Ley Nº 30683, aprobada por el Congreso, reciben como pensión el monto equivalente a un efectivo en actividad.
Fuentes del Tribunal Constitucional revelaron a LA RAZON que en el transcurso de la próxima semana se emitirá la sentencia sobre la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder Ejecutivo contra la ley Nº 30683, que modifica el Decreto Legislativo para el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial en situación de retiro.
La votación estaría dividida, aunque hay la tendencia de no acoger la demanda del Ejecutivo, debido al malestar que ocasionaría en la familia militar y policial.
Como se sabe esta sentencia quedó al voto luego de la intervención del procurador Guillermo Llanos Cisneros y los congresistas Javier Velásquez Quesquén (CPA) y Carlos Tubino Arias-Schreiber (FP), quienes defendieron la legalidad de la norma.
La argumentación sólida a favor de la familia policial y militar salió de parte del legislador Javier Velásquez Quesquén quien en la audiencia en la sede del Tribunal Constitucional de Arequipa sostuvo que la demanda de inconstitucionalidad es falsa cuando sostiene que los beneficiarios elevarían sus pensiones.
Cabe señalar que con la ley Nº 30683 el Congreso aplicó una base de cálculo a la inequidad creada en una norma del gobierno de Ollanta Humala que incluso trató de ser corregido por el nuevo gobierno de Pedro Pablo Kuzcysnki cuando era titular de la PCM, Fernando Zavala.
La Ley 30683 no nivela las remuneraciones, lo que hace es desarrollar el derecho de militares y policías en el sentido de que los grados y pensiones deben ser equivalentes.
Durante el gobierno de Humala se dictó una nueva norma –el Decreto Legislativo 1132- en el que a partir del 10 de diciembre del 2012 los pensionistas tienen una base de cálculo normado por este decreto, siendo sus pensiones menores a los anteriores a la fecha en mención, situación que afectó derechos, los mismos que fueron corregidos por el actual Parlamento.
