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Miércoles, Diciembre 2, 2020

Proyecto de ley sobre tarifas eléctricas de congresista Omonte no tiene luz técnica

Afirma Pedro Gamio Aita, ex vice ministro de Energía y consultor

El Congreso trabaja en favor de causas populares, sin embargo, hay proyectos de ley, como el de la congresista Carmen Omonte, en la Comisión de Defensa del Consumidor, que ofrecen reducir las tarifas eléctricas, pero, de acuerdo a criterios técnicos, serían los usuarios de provincias, quienes terminarían siendo afectados, porque se afectaría la calidad del servicio público y se interrumpirían los planes de inversión en distribución eléctrica, ya que los ingresos bajarían.

Entrevistamos al experto Pedro Gamio, para buscar luz en este tema eléctrico del proyecto Omonte:

¿Qué pretende el proyecto denominado “Ley que modifica el artículo 79 de la ley de concesiones eléctricas”?

La Congresista Omonte propuso inicialmente reducir la “Tasa de Actualización” de las inversiones sólo para las empresas distribuidoras eléctricas de 12% a 10%. Estamos ante un tema técnico, se busca modificar un artículo de una ley que dio lugar a la reforma de un sector que estaba en crisis y debemos considerar si ese cambio puede afectar de forma directa a sus beneficiarios, los consumidores, sobre todo en las ciudades del interior del Perú.

¿Qué implica en la práctica este proyecto?

El negocio de la electricidad en el Perú lo conforman un conjunto de empresas con funciones diferenciadas, en 3 componentes: Generación, donde “se produce la energía” es el 50% de la tarifa; Transmisión “los cables de alta tensión que vemos en las carreteras” es el 20% de la tarifa y Distribución “el cable delgado que llega hasta tu casa o negocio” es el 30% de la tarifa.

El planteamiento en momento de pandemia y crisis económica afecta la economía de las distribuidoras, al reducir el 10% de los ingresos de las empresas distribuidoras, producto del reconocimiento de sus inversiones, las cuales justamente buscan llegar a más público mediante planes de expansión eléctrica de sus servicios y el mejoramiento de sus redes a lo largo y ancho de todo el Perú.

¿Por qué se habla de un ingreso garantizado de 12% anual de las empresas eléctricas?

En el país se tiene empresas de capital estatal como Electro Puno (Puno), Electro Sur Este (Cusco y Apurímac), Electro Oriente (Iquitos), Electro Norte (Lambayeque y Cajamarca) y Electro Sur (Tacna y Moquegua), donde la rentabilidad sobre sus activos ronda el 5%. Estas empresas destinan una buena parte de sus utilidades a planes de expansión eléctrica en las diversas zonas donde operan. A mayor expansión del servicio eléctrico, tendrán más clientes y podrán brindar una mejor cobertura.

El servicio de distribución es el que está directamente relacionado con el consumidor final. Es un modelo de negocio regulado que se apalanca en base a inversiones de largo plazo.

Pero si se aprueba el Proyecto de Ley, ¿estas empresas seguirán ganando dinero?

Al disminuir la tasa de actualización de las inversiones de las distribuidoras de 12% a 10%, sus ingresos disminuyen en 10% para cálculos que están mirando 30 años adelante, que es como se calculan las tarifas. Esto significa que sus rentabilidades reales también caerán, quizás no lleguen a convertirse en pérdidas, pero definitivamente limitará sus capacidades de reinvertir estas utilidades en nueva y mejor infraestructura.

Si disminuyen los ingresos de las empresas distribuidoras en 10% ¿por qué las tarifas al consumidor no bajan en la misma proporción?

El porcentaje que representa la remuneración de inversiones de las distribuidoras en la tarifa final del consumidor es aproximadamente el 6%, si esta se reduce en 20% a este porcentaje, la reducción real sobre la tarifa total será de 1.2%. (esto depende de su nivel de consumo, a mayor consumo más reducción). Más del 50% de los consumidores residenciales, verán reflejados un ahorro mensual de menos de 1 sol en sus recibos.

El problema principal que tienen siete millones de usuarios regulados es el precio por generación, hoy pagan 35% más que su similar en Chile. Hay una distorsión con el precio que pagan 2100 grandes consumidores o clientes libres. Esta es la problemática que debe atenderse, con prioridad.

¿Tanto luchar en el Congreso para reducir menos de 1 sol?

El reto es que todos los peruanos tengan luz a precios competitivos. Desalentar la inversión de las empresas de distribución en período de crisis, que no puedan ampliar, mejorar las redes eléctricas y la calidad del servicio que reciben, no es la solución más adecuada en este momento.

¿Qué debemos hacer para corregir las distorsiones del mercado eléctrico?

Sincerar los costos de generación, corregir distorsiones, abrir el camino a las energías renovables, que están frenadas por disposiciones reglamentarias que no corresponden con los avances tecnológicos. Hay que fortalecer a las empresas de distribución eléctrica del interior del país, para que puedan mejorar su servicio, reducir las interrupciones, como lo ha logrado Lima. Que el estándar de calidad de servicio sea similar en todo el país.

En el mercado eléctrico hay que corregir las distorsiones que se vienen presentando, como es el caso de las declaraciones del precio del gas natural, donde se declara valores que no corresponden a la realidad, en el proceso de formación de precios en el mercado eléctrico. El elevado costo para los clientes del sector regulado, 7 millones de usuarios pagan el doble del costo por generación, a diferencia de los 2,100 clientes libres o grandes usuarios. Son normas técnicas anacrónicas que afectan la libre competencia.

Afirma Pedro Gamio Aita, ex vice ministro de Energía y consultor

El Congreso trabaja en favor de causas populares, sin embargo, hay proyectos de ley, como el de la congresista Carmen Omonte, en la Comisión de Defensa del Consumidor, que ofrecen reducir las tarifas eléctricas, pero, de acuerdo a criterios técnicos, serían los usuarios de provincias, quienes terminarían siendo afectados, porque se afectaría la calidad del servicio público y se interrumpirían los planes de inversión en distribución eléctrica, ya que los ingresos bajarían.

Entrevistamos al experto Pedro Gamio, para buscar luz en este tema eléctrico del proyecto Omonte:

¿Qué pretende el proyecto denominado “Ley que modifica el artículo 79 de la ley de concesiones eléctricas”?

La Congresista Omonte propuso inicialmente reducir la “Tasa de Actualización” de las inversiones sólo para las empresas distribuidoras eléctricas de 12% a 10%. Estamos ante un tema técnico, se busca modificar un artículo de una ley que dio lugar a la reforma de un sector que estaba en crisis y debemos considerar si ese cambio puede afectar de forma directa a sus beneficiarios, los consumidores, sobre todo en las ciudades del interior del Perú.

¿Qué implica en la práctica este proyecto?

El negocio de la electricidad en el Perú lo conforman un conjunto de empresas con funciones diferenciadas, en 3 componentes: Generación, donde “se produce la energía” es el 50% de la tarifa; Transmisión “los cables de alta tensión que vemos en las carreteras” es el 20% de la tarifa y Distribución “el cable delgado que llega hasta tu casa o negocio” es el 30% de la tarifa.

El planteamiento en momento de pandemia y crisis económica afecta la economía de las distribuidoras, al reducir el 10% de los ingresos de las empresas distribuidoras, producto del reconocimiento de sus inversiones, las cuales justamente buscan llegar a más público mediante planes de expansión eléctrica de sus servicios y el mejoramiento de sus redes a lo largo y ancho de todo el Perú.

¿Por qué se habla de un ingreso garantizado de 12% anual de las empresas eléctricas?

En el país se tiene empresas de capital estatal como Electro Puno (Puno), Electro Sur Este (Cusco y Apurímac), Electro Oriente (Iquitos), Electro Norte (Lambayeque y Cajamarca) y Electro Sur (Tacna y Moquegua), donde la rentabilidad sobre sus activos ronda el 5%. Estas empresas destinan una buena parte de sus utilidades a planes de expansión eléctrica en las diversas zonas donde operan. A mayor expansión del servicio eléctrico, tendrán más clientes y podrán brindar una mejor cobertura.

El servicio de distribución es el que está directamente relacionado con el consumidor final. Es un modelo de negocio regulado que se apalanca en base a inversiones de largo plazo.

Pero si se aprueba el Proyecto de Ley, ¿estas empresas seguirán ganando dinero?

Al disminuir la tasa de actualización de las inversiones de las distribuidoras de 12% a 10%, sus ingresos disminuyen en 10% para cálculos que están mirando 30 años adelante, que es como se calculan las tarifas. Esto significa que sus rentabilidades reales también caerán, quizás no lleguen a convertirse en pérdidas, pero definitivamente limitará sus capacidades de reinvertir estas utilidades en nueva y mejor infraestructura.

Si disminuyen los ingresos de las empresas distribuidoras en 10% ¿por qué las tarifas al consumidor no bajan en la misma proporción?

El porcentaje que representa la remuneración de inversiones de las distribuidoras en la tarifa final del consumidor es aproximadamente el 6%, si esta se reduce en 20% a este porcentaje, la reducción real sobre la tarifa total será de 1.2%. (esto depende de su nivel de consumo, a mayor consumo más reducción). Más del 50% de los consumidores residenciales, verán reflejados un ahorro mensual de menos de 1 sol en sus recibos.

El problema principal que tienen siete millones de usuarios regulados es el precio por generación, hoy pagan 35% más que su similar en Chile. Hay una distorsión con el precio que pagan 2100 grandes consumidores o clientes libres. Esta es la problemática que debe atenderse, con prioridad.

¿Tanto luchar en el Congreso para reducir menos de 1 sol?

El reto es que todos los peruanos tengan luz a precios competitivos. Desalentar la inversión de las empresas de distribución en período de crisis, que no puedan ampliar, mejorar las redes eléctricas y la calidad del servicio que reciben, no es la solución más adecuada en este momento.

¿Qué debemos hacer para corregir las distorsiones del mercado eléctrico?

Sincerar los costos de generación, corregir distorsiones, abrir el camino a las energías renovables, que están frenadas por disposiciones reglamentarias que no corresponden con los avances tecnológicos. Hay que fortalecer a las empresas de distribución eléctrica del interior del país, para que puedan mejorar su servicio, reducir las interrupciones, como lo ha logrado Lima. Que el estándar de calidad de servicio sea similar en todo el país.

En el mercado eléctrico hay que corregir las distorsiones que se vienen presentando, como es el caso de las declaraciones del precio del gas natural, donde se declara valores que no corresponden a la realidad, en el proceso de formación de precios en el mercado eléctrico. El elevado costo para los clientes del sector regulado, 7 millones de usuarios pagan el doble del costo por generación, a diferencia de los 2,100 clientes libres o grandes usuarios. Son normas técnicas anacrónicas que afectan la libre competencia.

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