El distrito de Puente Piedra implementó una ordenanza que prohíbe la circulación de motocicletas con dos ocupantes.
La Municipalidad de Puente Piedra oficializó una nueva ordenanza que prohíbe la circulación de motocicletas lineales con dos pasajeros, con el objetivo de frenar la delincuencia durante el estado de emergencia decretado en varios distritos de Lima. La medida, publicada en el diario oficial El Peruano, impone una multa de 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/ 5,150, y el internamiento del vehículo en el depósito municipal si se infringe la norma.
Esta disposición surge ante la falta de resultados en las estrategias de seguridad aplicadas en el estado de emergencia vigente desde el 27 de septiembre, que abarca 13 distritos de Lima Metropolitana y uno en el Callao. Las autoridades locales han señalado que la medida busca reducir el alto índice de criminalidad en la zona, ya que las motocicletas con dos ocupantes han sido frecuentemente utilizadas en delitos como robos al paso.
El distrito de Independencia también adoptó una medida similar días antes. Según informó el municipio, la propuesta fue impulsada por el regidor Thomas Adhner Flores Sánchez y aprobada por mayoría en el Concejo Municipal. Al igual que en Puente Piedra, la infracción será castigada con una multa de 1 UIT y el internamiento del vehículo.
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Alfredo Reynaga Ramírez, alcalde de Independencia, manifestó que la intención es que esta normativa se aplique a toda Lima Metropolitana. “Hay un compromiso de conversar con otras jurisdicciones de Lima para que esta medida sea extendida más allá del estado de emergencia”, indicó. Asimismo, expresó la voluntad de llevar esta iniciativa al Congreso, con el fin de que se convierta en una medida legislativa a nivel nacional.
Sin embargo, la Policía Nacional del Perú (PNP) aclaró que no tiene facultades para hacer cumplir esta ordenanza municipal, ya que no es una ley nacional. El coronel Antonio La Madrid, jefe de la división policial Norte 2, explicó que la responsabilidad recae en los inspectores municipales, quienes deberán aplicar las sanciones correspondientes. «Es una ordenanza netamente municipal, por lo que el cumplimiento está en manos de los fiscales e inspectores locales», concluyó.
Ambos distritos esperan que esta normativa contribuya significativamente a la reducción de los delitos que afectan a la población.
