La controversia por la supervisión del Puerto de Chancay, inversión superior a US$ 3.500 millones, involucra a Ositrán, Cosco Shipping y al Ejecutivo. Además, esto sucede en un contexto de comercio bilateral que ya bordea los US$ 1.880 millones en 2025.
El Puerto de Chancay se encuentra en el centro de una controversia institucional. Esto ocurre tras un fallo judicial que limita las funciones del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) sobre la supervisión y fiscalización del terminal operado por Cosco Shipping Ports Chancay Perú.
La decisión abre un escenario de incertidumbre regulatoria en torno al megaproyecto portuario, considerado estratégico para el comercio entre Perú y Asia.
Fallo judicial y respuesta del Ejecutivo
La presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, anunció que la entidad apelará la resolución. Además, sostuvo que la fiscalización de servicios públicos no puede quedar sujeta a decisión de la empresa concesionaria. Recordó que la Ley Portuaria establece la supervisión a quienes prestan servicios al público.
Desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se indicó que el Puerto de Chancay debe ajustarse al ordenamiento jurídico peruano. También, indicaron que se utilizarán los recursos procesales previstos en la ley para defender el marco normativo vigente.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) precisó que diversas entidades del Estado mantienen presencia en el terminal. Entre ellas está la Autoridad Portuaria Nacional y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), responsables de controles técnicos y aduaneros.
Por su parte, Cosco Shipping Ports Chancay Perú afirmó que el fallo no implica pérdida de control estatal ni afecta la soberanía nacional. Además, señalaron que no existe extraterritorialidad política ni tributaria en la operación.
Impacto económico y señales a la inversión china
Desde el inicio de operaciones, el Puerto de Chancay ha movilizado cerca de US$ 1.880 millones en comercio entre enero y octubre de 2025, equivalente a aproximadamente 1,8 % del PBI nacional. Además, ha generado más de US$ 230 millones en recaudación aduanera, según cifras oficiales.
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A nivel internacional, informes de Reuters y The Wall Street Journal han advertido que disputas regulatorias en proyectos vinculados a capitales chinos en América Latina pueden influir en decisiones de inversión en minería, energía e infraestructura.
En el ámbito académico, el internacionalista Carlos Aquino, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señaló en declaraciones recogidas por El Comercio que un conflicto prolongado en torno al Puerto de Chancay podría enviar señales contradictorias a futuros inversionistas.
Clave para la relación comercial Perú–China
El Puerto de Chancay forma parte de la estrategia logística para fortalecer el comercio transpacífico y la conexión directa con Asia. Además, la controversia sobre su régimen de supervisión ocurre en un contexto donde los compromisos de inversión china en sectores estratégicos en Perú superan los US$ 10.000 millones, según datos oficiales.
La evolución del proceso judicial y las acciones que adopten las entidades involucradas serán determinantes para el marco regulatorio del Puerto de Chancay. Asimismo, serán clave para el clima de inversión en proyectos de infraestructura vinculados a capitales extranjeros.
