Por: Carlos Linares Huaringa
Twitter: @carloslinaresh
Todos los corruptos deben de terminar presos y sobre eso no existe duda alguna. Es por ello que resulta saludable para el país que se haya puesto al descubierto la existencia de una red de corrupción en las más altas esferas del sistema de justicia.
La democracia se ha fortalecido con la identificación de los personajes que integran esta maraña corrupta, ya que las grabaciones han permitido constatar los distintos niveles en los que estos traficantes de la justicia han actuado.
Sin embargo, no podemos fingir candidez y dejarnos llevar de las narices por quienes de manera calculada dosifican su difusión.
Debemos diferenciar entre los audios que evidencian la comisión de un delito -como en los que se habla de un caso de violación de una menor, los 10 ‘verdecitos’, la ‘empujadita’ y otros igual de deplorables- y los que de manera selectiva se han venido difundiendo después, con una clara motivación política.
La filtración es buena y donde haya delito debe castigarse severamente. Pero no se debe permitir que los audios sean usados como arma de presión de un sector ideológico que busca mantener su hegemonía dentro del aparato judicial y tumbarse a sus detractores políticos.
La crisis que atraviesa el país debe marcar un punto de quiebre, impulsando una reforma estructural del sistema de justicia.
Está claro que el contenido de los audios debe ser el punto de partida para identificar el verdadero alcance de esta telaraña mafiosa que, aunque ha sido puesta al descubierto, aún debe tener tentáculos actuando hasta este momento.
Estamos ante la punta del Iceberg y los repudiables diálogos escuchados en algunas de las grabaciones seguramente se deben replicar desde las más altas instancias hasta el más alejado juzgado de paz de provincia y eso es lo que debe ser cortado de raíz.
Aún debe de haber varios corruptos -de distintos pelajes y sectores ideológicos- enquistados en el engranaje judicial, de los cuales no hay audios. O posiblemente los hay, pero selectivamente no son difundidos.
La ciudadanía no está dispuesta a tolerar que sus impuestos sigan financiando el accionar criminal de un grupo de corruptos enquistados en las distintas esferas de poder. Pero tampoco está dispuesta a permitir que su justa indignación sea aprovechada para pescar a río revuelto por personajes convenidos como Verónika Mendoza, Marisa Glave, o Pedro Cateriano, que antes de hablar de transparencia y decencia, primero deberían explicar el rol que jugaron durante el humalismo o antes.
Además, no debe de olvidarse el caso Lava Jato, que curiosamente estaba en una situación compleja para personajes como Ollanta Humala y Susana Villarán antes de que estallara este escándalo. Y no pasar por alto que la crisis desatada será el argumento perfecto para que personajes como Toledo, PPK, Keiko y Alan arguyan que son víctimas de una persecución proveniente de un Poder Judicial corrupto, cuando los argumentos que los persiguen están sustentados en pruebas. No seamos tontos útiles, sobre todo para la izquierda.
