¿Quién, por qué y para qué paga? (Parte 1)

Este último trimestre de 2020 ha resultado siendo el último trimestre anual más “movido” de un año desde hace 20 años, cuando Alberto Fujimori renunció y posteriormente fue vacado como Presidente de la República del Perú, en noviembre del 2000.

Para quienes hemos seguido con detenimiento todos estos sucesos posteriores a la asunción de la Presidencia del Perú por Merino de Lama, nos resulta claro que las manifestaciones y marchas de protesta que siguieron no fueron una manifestación popular espontánea, sino fruto de una muy meticulosa planificación y con una finalidad específica: el quiebre de la institucionalidad política y social del país.

No tengo que leer “cuatro soporíferas páginas”, como señala Pedro Salinas, para concluir en todo lo anteriormente dicho.

La sola lectura y audiencia de las difusiones de la “concertación de medios” de aquellas fechas llevan a concluir que estas protestas y marchas habrían sido dirigidas (y podría decirse que hasta financiadas con recursos del Estado) desde los “cuarteles” de la prensa “mermelera”, desde los “cuarteles” de las ONGs –una dedicada al periodismo, en especial–, valiéndose, inclusive, de “influencers” mercenarios y “trolls”.

De manifestaciones espontáneas del Pueblo, estas marchas aludidas, así como las actuales protestas del agro bajo el régimen de Francisco Sagasti, y las que les sucederán, no tienen nada.

Quizás Siomi Lerner –o cualquiera de su entorno cercano, que se reunirían en cierto local de la Avenida Pardo en Miraflores, y entre los que se encontrarían, al menos, dos exministros de defensa, un ex canciller de la República, uno de los dueños de uno de los grupos de medios más importantes del país, así como un periodista con experiencia en manipulación social, entre otros–, si quisieran contarnos la Verdad, nos explicarían “como es la nuez”; es decir, QUIÉN, POR QUÉ Y PARA QUÉ SE ORGANIZAN y SE PAGAN las antes mencionadas marchas y protestas…

Lo que resulta patético –y digno de diván psiquiátrico es que haya personajillos de los medios de comunicación que, aprovechando las “cuatro soporíferas páginas”, quieran hacerse “soporífero autobombo” subliminal sobre sí mismos y sus “fantásticas” cruzadas personales.

Punto aparte; y, regresemos a lo nuestro, partiendo de la “soporífera” frase, acuñada por el periodista y novelista Pedro Salinas Chacaltana: la investigación de la corrupción y los corruptos durante el gobierno edil de Susana Villarán.

Por más que Pedro Salinas se enoje y ofusque, con arreglo a Ley, él tendría responsabilidad legal y penal con relación a la coima que Graña y Montero canalizó a través de CHISAC, en agosto de 2013, a favor de la corrupta administración edil de la MML que dirigían Susana Villarán y Jose Miguel Castro Gamarra. Esta no es una “campañita de lodo” como Salinas la llama; es una realidad; y, él, Pedro Salinas –como accionista, presidente del directorio, apoderado general y representante de CHISAC ante la SUNAT–, debe aclarar y deslindar responsabilidades… si puede…

Ahora, de las “investigaciones” de Pedro Salinas y Paola Ugaz, por la forma en que han sido presentadas, no queda claro donde termina la realidad (porque algo de verdad en las variopintas narraciones de Pedro hay, y no dudo en ello) y dónde comienza la ficción; por ello, aplicaría lo que mi abuelita decía: “en boca del fantasioso, lo cierto se hace dudoso”.

Así, la carga de probar que nada tuvo que ver en la coima arriba mencionada, por reglas de legalidad, corresponden a Pedro y no a la fiscalía. No te ofusques, Pedro, es un mero trámite administrativo… Sino, pregúntele a cierto ex Ministro de Defensa, que es abogado, y con el cual se juntaría para realizar cabalgatas (sea sobre Lucano, Lumbrera o Lisura) por los parajes de Mala.

Pero las reglas aplicables a Pedro Salinas no lo son a Paola Ugaz. Ella tiene demasiado que explicar.

Para comenzar, cuál fue su participación en la administración edil de Susana Villarán (cuyo legajo está desaparecido); participación de la que nos hemos formado cierta idea luego de leer la entrevista que ella realizó a Martín Vizcarra y publicó en el diario “ABC” de España del que es corresponsal. Si Paola hubiese estudiado Derecho y no Sociología en la PUCP habría reprobado, en especial, en el curso de Teoría del Estado y Derecho Constitucional…

La sola lectura de la entrevista nos remontó a las décadas del 2000 y los 90s, cuando los medios de comunicación, para solventar su déficit de caja, se valían de los “publicherrys”, bien llamados artículos promocionales, por los que se cobraba para difundir propaganda de personas y empresas; algo así como publicidad de imagen en un artículo firmado por un periodista conocido y reputado.

Surge entonces la pregunta retórica acerca de si dicha entrevista al expresidente sustituto y vacado está dentro del emolumento que “ABC” paga a la “Pao” por la cantidad de EUR1,200.00 mensuales, que declaró como único ingreso ante el juez en el caso con Luciano Revoredo, o si Martín Vizcarra pagó por la publicación de dicha entrevista.

Ello también llevó a preguntarnos acerca de ciertas fotografías publicadas por ESSALUD, cuya presidenta es Fiorella Molinelli (involucrada con Vizcarra en el caso “Chinchero”), en las que aparece Ugaz; y, cuestionarnos si la “Pao” está o no prestando servicios para la Molinelli y si por dicha labor se le está pagando, directa o indirectamente, más aún en estos sensibles tiempos de Pandemia.

Lo cierto es que toda persona goza del derecho fundamental de trabajar y a ser remunerada por ello. Pero de ahí a asegurar, bajo juramento, que la única retribución que percibe es la de corresponsal del diario “ABC” generan ciertas dudas acerca de la veracidad de lo que declara Paola Ugaz.

Surge entonces la pregunta: ¿si los servicios que brinda Paola Ugaz están dentro del marco de la Ley, por qué ocultar ante un juez las retribuciones económicas que percibe por ellos?

Con fecha 15 de octubre pasado, publiqué en este diario el artículo titulado “Los Intocables” (https://larazon.pe/cronicas-deun-juicio-penal-el-caso-de-villaran-y-su-entorno-xiv/), en el que se acredita que Pedro Salinas, en una denuncia policial, que tiene carácter de declaración jurada, afirma que Paola Ugaz es propietaria de un terreno en Mala, colindante al predio de propiedad del mismo Salinas (y no podría ser de otra manera porque el terreno de Ugaz al que el denunciante alude es un sub-lote de la unidad catastral de propiedad de Salinas Chacaltana); y cuyo valor sería cercano a los US$ 400 Mil. Pedro Salinas, atacó al suscrito y al artículo por todos los ángulos posibles, pero jamás desmintió el derecho de propiedad de Ugaz.

Asimismo, en el artículo “Lo que no quieren que sepamos…”, de 25 de octubre pasado (https:// larazon.pe/lo-que-no-quierenque-sepamos/), planteamos, de una parte, la hipótesis de cómo se habría financiado la compra de dicho terreno; y, de otra, cuál sería el presupuesto mensual estimado de la sociedad conyugal de Paola Ugaz; el que se estimó en una suma cercana a los US$16,500.00 mensuales antes del Impuesto a la Renta.

El suscrito y el artículo fueron nuevamente atacados empleando como único argumento que se trataba de una maniobra para evitar la publicación de un libro sobre las finanzas de cierta organización religiosa con la que no guardo relación alguna; y, por cierto, un libro que tengo mucho interés en leer pues éste también nos dará luz de como los Obispos, los Jesuitas, los Salesianos, los Agustinos, los Pasionistas y otras congregaciones –mucho más poderosas que aquella que ellos persiguen– financian su pastoral en el Perú.

La información publicada en dichos artículos, así como los cálculos referenciales que realizamos, provienen de fuentes públicas, como son la SBS, SUNARP, MINAGRI y otras tantas; y, esta información tampoco ha sido cuestionada ni desmentida. Mucho menos se ha aclarado la procedencia de tales ingresos percibidos por Ugaz y su sociedad conyugal.

Hasta la fecha, la “Pao” tampoco ha aclarado cual es el origen de los dineros con que paga las cuotas de los créditos hipotecarios que habría recibido para la compra del terreno en Mala, y que en conjunto, aproximadamente, sumarían alrededor de US$5,000.00

Revisando la información reportada por el Banco Pichincha, BCP y Banco Falabella, así como por otras ESFNs, a la SBS, los consumos mensuales de Paola Ugaz mediante el empleo de tarjetas de crédito emitidas a ella como titular, mensualmente totalizados, durante el presente año, serían los siguientes: enero 2020: 56,664.85 soles; febrero 2020 (que estuvo en Londres): 58,104.81 soles; marzo 2020 (que estuvo en Londres): 61,165.20 soles; abril 2020: 58,960.14 soles; mayo 2020: 58,177.70 soles; junio 2020: 59,519.69 soles; julio 2020: 61,012.05 soles; agosto 2020: 58,891.15 soles; septiembre 2020: 54,735.47 soles; octubre 2020: 54,207.97 soles; y, noviembre 2020: 52,791.70 soles.

Y tan importante como saber cuánto consume mensualmente, es saber cómo es posible que Paola Ugaz haya obtenido de empresas del Sistema Financiero Nacional líneas de crédito tan altas, cuando ella misma ha declarado ante el Juez que su único flujo de ingresos mensuales son sus remuneraciones como corresponsal del “ABC” de España y que ascienden a EUR1,200.00 (equivalentes al aproximado de US$1,500.00; o, actualmente, S/. 5,400.00) –algo así como 10 veces menor a lo que gasta–.

La información de la SBS a la que tenemos acceso retrocede hasta el año 2016, pero creemos que el “botón de muestra” que presentamos nos permite, parafraseando a Pedro Salinas en los tantos ataques que hemos recibido de él, preguntar: ¿QUIÉN, POR QUÉ Y PARA QUÉ LE PAGAN A PAOLA UGAZ? Las hipótesis que responden a esta pregunta son múltiples, pero aún hay más que comentar sobre las finanzas de la “Pao” y su sociedad conyugal antes de someterlas a consideración del público lector. Continuará…