Ibazeta: “Quieren destituir a Chávarry y Gálvez para que nadie cuestione a Odebrecht”

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La Junta Nacional de Justicia abrió proceso “disciplinario inmediato” contra los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez.

Marcos Ibazeta afirma que proceso disciplinario es para sacarlos y tomar el control del Ministerio Público

Marcos Ibazeta, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima señaló a LA RAZÓN que el “proceso disciplinario inmediato” abierto por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez apunta a descabezar el Ministerio Público y destituirlos  para asumir ellos el control de la Fiscalía y resguardar los intereses de Odebrecht.

Quieren  destituirlos y tomar el control de la Fiscalía. Y, a partir de ahí, ver qué se neutraliza, para evitar que Odebrecht le siga salpicando al Gobierno de la peor manera. Y que las fiscalías supremas apoyen sin cuestionamientos al grupo especial Lava Jato, sin que nadie fiscalice y se mantenga el secretismo del acuerdo de colaboración que el país entero desconoce”, opinó el letrado.

 

PREVISIBLE

Ibazeta indicó que ya estaba “cantado” lo que iba a suceder en el sentido de buscar descabezar el Ministerio Público, porque fue Pedro Chávarry quien destituyó el 31 de diciembre del 2018 a los fiscales Pérez y Vela, hecho que produjo la llegada a Lima desde Brasil del presidente Vizcarra. Mientras que al fiscal supremo Tomás Gálvez por cuestionar el trabajo del Grupo Especial Lava Jato y el acuerdo de colaboración con Odebrecht.

Hemos visto la composición de la JNJ donde hay ex ministros toledistas, humalistas y representantes de la caviarada y más ese comité consultivo. Esta acción va tener efecto político, porque se ha identificado la acción de Chávarry como actos que lesionan la lucha anticorrupción que promueve Martín Vizcarra y que fueron blindados por el Congreso disuelto”, apuntó.

Remarcó además que la JNJ luego de conseguir la destitución de los fiscales supremos convocaría a concurso público para colocar en la fiscalía a gente afín a su ideología o a los intereses propios como evitar que haya gente incomoda al régimen “vizcarrista”. “No entiendo cómo puede haber ex ministros de Gobiernos cuyos presidentes estén seriamente involucrados en latrocinios del Estado, como Alejandro Toledo y la ex pareja presidencial”, dijo.

Marcos Ibazeta afirma que JNJ está integrada por exministros toledistas, humalistas y caviares.

LOS CASOS

Ayer por la mañana, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió proceso “disciplinario inmediato” contra los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez; y los jueces supremos Martín Alejandro Hurtado y Aldo Martín Figueroa Navarro, implicados en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Los altos funcionarios del Ministerio Público y Poder Judicial, han sido implicados en la investigación a la mencionada organización criminal compuesta por jueces, fiscales, abogados y empresarios que beneficiaban a sus allegados con plazas dentro de la administración de justicia, a cambio de favores o hasta compensaciones económicas.

Además, la JNJ dispuso abrir investigación preliminar contra los jueces supremos Vicente Rodolfo Walde Jáuregui, César San Martín Castro y Ángel Henry Romero Díaz. Estos últimos, también por el Caso Los Cuellos Blancos.

La JNJ informó que la decisión se adoptó como parte de su plan de trabajo a 180 días.

 

PROCEDIMIENTO

Según el artículo 72 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ, el proceso “disciplinario” se inicia “en los casos que exista evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular o se haya cometido una falta disciplinaria con carácter flagrante”.

Chávarry, Gálvez, Hurtado y Figueroa deberán apersonarse al procedimiento y presentar por escrito su descargo dentro del plazo de diez (10) días.

Se designará a un integrante de la JNJ de la comisión de Procesos Disciplinarios que tendrá 60 días para emitir un informe al respecto.

En el proceso disciplinario se pueden hallar responsabilidades que supongan una “conducta notoriamente irregular con prueba evidente”, que es cuando se comete una infracción disciplinaria muy grave establecida por ley, susceptible de ser sancionada con destitución, reflejada en hechos notoriamente evidentes, de conocimiento público.

La conducta también puede ser calificada como “flagrante falta disciplinaria muy grave” susceptible de ser sancionada con destitución.

Según el reglamento, la resolución que abre procedimiento disciplinario inmediato como la que lo amplía son inimpugnables.